Paraguay, entre los países con más presos sin condena
Según datos de Americas Quarterly, el 71,2% de los reclusos en el país se encuentran en prisión preventiva, es decir, están detenidos a la espera de un juicio que aún no ha concluido. Esta cifra coloca a Paraguay solo por detrás de Bolivia, que encabeza la lista con un 83,6%, y por delante de países como Haití (67,7%) y Venezuela (66,2%).
El abogado Guillermo Ferreiro fue uno de los primeros en llamar la atención sobre estos números, que han generado preocupación tanto a nivel local como internacional. Organizaciones de derechos humanos han advertido que esta práctica vulnera el principio de presunción de inocencia y representa una forma de castigo anticipado sin el debido proceso.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) ha señalado reiteradamente que el uso abusivo de la prisión preventiva está directamente vinculado con el grave hacinamiento que afecta a las cárceles paraguayas. Las condiciones de reclusión, marcadas por la sobrepoblación, la falta de acceso a servicios básicos y la violencia estructural, se agravan aún más cuando los internos ni siquiera han sido juzgados.
La prisión preventiva debería ser una medida excepcional, reservada para casos en los que exista riesgo de fuga o peligro para la sociedad. Sin embargo, en Paraguay parece haberse convertido en una norma, afectando especialmente a personas de escasos recursos que no pueden acceder a una defensa adecuada o enfrentar los costos de un proceso judicial prolongado.
La situación exige con urgencia una reforma integral del sistema judicial. Es imprescindible garantizar el acceso a una justicia rápida, imparcial y equitativa, así como promover medidas alternativas a la prisión preventiva, como el arresto domiciliario o la libertad condicional, cuando corresponda. La alta proporción de presos sin condena no solo refleja un problema técnico o administrativo, sino una profunda injusticia que golpea directamente a los sectores más vulnerables de la población.
Mientras no se adopten medidas concretas para corregir estas falencias, el sistema penal seguirá funcionando como una máquina de exclusión y castigo anticipado, en lugar de ser una herramienta de justicia y rehabilitación.