Para Fuerzas Militares, "no había indicio formal de amenazas que exigiera protección especial"
El teniente coronel Guillermo Moral Centurión, abatido el jueves frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, se había convertido en blanco de amenazas implícitas luego de que se negara a ingresar un celular para el narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", mediante una oferta de soborno. Pese a esto, la institución militar sostiene que no había situación formal que justificara solaparle custodia.
El reclamo provino directamente de familiares del militar, quienes señalaron que existían rumores sobre seguimiento del que era objeto Moral antes del ataque, y cuestionaron por qué no se le asignó protección dado el antecedente del soborno.
Las Fuerzas Militares, por su parte, respondieron que hasta la fecha no recibieron alerta oficial, ni denuncia formal, ni evaluación de riesgo que estableciera la necesidad de custodia para un funcionario que actuó dentro de sus funciones regulares. La política interna para asignar protección especial exige evidencia concreta de amenazas, la cual no estaba documentada en este caso según los jefes institucionales.
Fuentes castrenses señalan que si bien Moral había rechazado varias ofertas de soborno —según la investigación judicial—, esos hechos no fueron acompañados por pedidos formales ni protocolos concretos de seguridad que pudieran haber permitido anticipar su vulnerabilidad.
Contexto institucional
La negativa de Moral a aceptar dinero —ofrecido por el coronel Luis María Belotto y su esposa, según la causa judicial— le ganó respaldo público pero lo dejó sin mecanismos de protección adicionales dado que la amenaza no había sido evaluada como urgente por las autoridades militares.
Legisladores y organizaciones de derechos humanos han cuestionado ahora los protocolos de seguridad para militares que denuncian corrupción. ¿Cuáles son los procedimientos que debe cumplir un miembro de las Fuerzas Armadas para ser considerado en riesgo? Esa pregunta recorre los pasillos institucionales estos días.
El caso también ha encendido el debate político: algunos parlamentarios piden reformas urgentes para garantizar protección a quienes denuncian actos de corrupción o irregularidades dentro de estructuras estatales. Se insiste en que la impunidad y la falta de prevención contribuyen al aumento de episodios de violencia como el vivido.