La jueza Hilda Benítez resolvió apartar a los padres del fallecido dirigente liberal Rodrigo Quintana en el caso que investiga lo sucedido durante las protestas del 31 de marzo de 2018, conocido como 31-M.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, que con esta resolución queda también afuera de la causa junto a su colega Santiago Lovera, opinó que lo resuelto por la jueza “es un acto nulo de nulidad absoluta, que no corresponde en derecho, porque es una excepción que ya fue estudiada y rechazada, y no podía ser tramitada de nuevo”.
“Esta excepción ya no podía ser estudiada, porque ya se tramito; el artículo 329 del Código Penal dice que las excepciones rechazadas no pueden ser planteadas de nuevo; ya fue planteada, el juez Alcides Corbeta rechazó, y la Cámara de Apelaciones confirmó su resolución; es una cuestión juzgada, la jueza no podía siguiera tramitar”, explicó Duarte, abogado de la familia Quintana.
El letrado señaló que la jueza Benítez “se equivocó, está perdida en el proceso, y en la aplicación correcta de la ley”, porque “despoja a los padres de Rodrigo de su condición de víctimas con un argumento sucesorio de la herencia que atribuye exclusivamente ese rol a la hija de Rodrigo”.
Duarte Cacavelos considera que esto entraña la cuestión de fondo de lo decidido por la jueza, una resolución que tiene además “una connotación política”, según dijo. “Nosotros creemos que la calidad de víctima no es lo mismo que vocación hereditaria, y en un proceso penal puede haber varias víctimas; el Código Procesal Penal le otorga la categoría de victima a la persona afectada, y no se puede negar que los padres de Rodrigo resultaron víctimas del asesinato de su hijo”, afirmó.
El abogado de los padres de Quintana afirmó que no le sorprende que el Ministerio Público se haya allanado a la resolución de la jueza Benítez, porque “apartarnos a nosotros es lo más cómodo cuando lo que se busca es que no se conozca la verdad de los que pasó esa noche del 31-M”.
“La única parte en todo este proceso que estuvo buscando desde un inicio la verdad real y por qué ocurrieron los hechos del 31-M fuimos nosotros; la pregunta sobre quién dio la orden (de ingresar violentamente al PLRA) la hicimos nosotros; el cruce de llamadas lo hicimos nosotros; con esta resolución buscan dejar como único culpable al policía Gustavo Florentín, y no establecer la responsabilidad política”, afirmó.
El abogado adelantó que apelarán la resolución de Benítez, y dijo estar seguro que “cualquier camarista va anular lo resuelto por la jueza”.
