PolíticaOperador de Orlando Arévalo
Investigación, El Nacional.
Un nuevo escándalo por un presunto "título falso" salpica, esta vez, a un concejal colorado de Limpio, denunciado ante el Ministerio Público por el supuesto hecho punible de uso de documento de contenido falso.
Se trata de César Claudelino Méndez Benítez, edil municipal y activo operador político del exdiputado Orlando Arévalo, quien también se encuentra bajo sospecha por no haber podido acreditar su título de abogado.
De acuerdo con el Registro de Título del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al cual tuvimos acceso, supuestamente se recibió de abogado en la Universidad Leonardo da Vinci, esta alta casa de estudios ligada a la Orlando Arévalo. Los datos señalan además que el número de expediente 73.569 fue remitida el 9 de junio del 2023.
En varias fotografías que hicieron llegar a nuestro medio, se observa cómo el concejal limpeño opera de manera activa con el matrimonio de Orlando Arévalo y su esposa, la edil lambareña Carolina González.
En el relato de la denuncia presentada ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), a cargo de Soledad Machuca, se habla incluso de la existencia de una red de "expedición de títulos y certificados de estudios de contenido falso".
En lo que respecta a César Claudelino Méndez Benítez, tiene una cadena de farmacia; además, es funcionario con permiso del Hospital de Clínicas y del instituto de Previsión Social (IPS).
Golpeó a un policía
En cuanto a sus antecedentes, el concejal limpeño no tiene el mejor perfil. Según un documento oficial de la Policía Nacional, César Claudelino Méndez Benítez fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público tras agredir verbal y físicamente a un agente policial. El hecho ocurrió durante una manifestación que debía ser pacífica, pero que se tornó violenta por la actitud prepotente del edil, según consigna el informe, firmado en ese entonces por el subjefe Lidio Castiñeira.
El concejal, en ese entonces, fue imputado por el hecho punible de perturbación a la paz pública, y la jueza Elsa Idoyaga dispuso como medida alternativa a la prisión que cumpla arresto domiciliario.
