La Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, que asumió la representación legal en el vecino país de Myriam Villalba, madre de Lilian Mariana y tía de María Carmen, las dos niñas de 11 años abatidas el miércoles 2 de septiembre pasado en el supuesto enfrentamiento entre la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) y el grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yyb Yaú, Concepción, acusa al Ministerio Público paraguayo de “responder con chicanas” a los requerimientos hechos a las fiscalías del Crimen Organizado y de Derechos Humanos.
En un comunicado hecho público por la organización, se informa que la familia Villalba solicitó a las fiscalías del Crimen Organizado y de Derechos Humanos acceso a los expedientes relacionados con el supuesto operativo de la FTC y con la investigación de la muerte de ambas niñas de nacionalidad argentina.
“En ambos casos, las fiscalías insisten en cuestionar la filiación de las niñas y la relación de parentesco de las mismas con sus madres y con la familia Villalba”, sostiene la Gremial, argumentando que “el Estado argentino ya ha respondido oportunamente dejando oficial y definitivamente establecida y zanjada la cuestión: las niñas eran hijas de Myrian y Laura Villalba y eran argentinas. El propio estado paraguayo había establecido que no eran paraguayas”.
Sostienen los abogados argentinos de los Villalba que el Ministerio Público paraguayo lleva adelante “una maniobra negacionista, que pretende embarrar la cancha con la única intención de continuar con el encubrimiento de los crímenes y sus ideólogos, perpetradores y cómplices”. Agrega que “el gobierno paraguayo, sus militares y su poder judicial buscan desesperadamente salir impunes, pisoteando el derecho paraguayo, el derecho internacional y la protección universal a los Derechos Humanos, en particular de las niñas y niños”.
La organización de abogados argentinos cuestiona que a más de un mes de ocurridos los hechos el Ministerio Público paraguayo arguya que “no dispone de los informes médicos forenses, no haya llamado a declarar a nadie, ni haya realizado actividad investigativa alguna; que niegue a la familia de las víctimas acceso al expediente con el pueril argumento de no tener todavía suficientemente acreditadas la identidad, identificación y filiación de las niñas, y además ponga en duda las certificaciones que el Estado argentino, en cumplimiento de las normas internacionales extendió para validar el poder otorgado por la familia Villalba en Argentina a la abogada Daisy Irala”.
“Estamos ante una no por previsible menos grosera maniobra de trabar el reclamo de la familia, paralizar cualquier intento de investigación y conseguir la impunidad, en definitiva, para ellos mismos: los y las fiscales, los militares, el poder judicial, el gobierno; el estado paraguayo”, finaliza el comunicado.
