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El juez que interina el Juzgado de Garantías a cargo de Humberto Otazú resolvió revocar la libertad ambulatoria de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y de otros seis acusados por presuntos hechos de corrupción en la administración municipal, ordenando en su reemplazo el arresto domiciliario con monitoreo mediante tobilleras electrónicas.
La decisión fue adoptada luego de analizar la situación procesal de los encausados, teniendo en cuenta que la audiencia preliminar no pudo realizarse debido a las numerosas incidencias y recusaciones planteadas durante el desarrollo de la causa.
Además de Corvalán, esposa del diputado Esteban Samaniego, quien también se encuentra imputado, aunque nunca fue desaforado para someterse al proceso penal, la medida alcanza a Gloria Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador, así como a Manuel Olazar Duarte, Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, Ruth Mercedes Medina Yegros y Andrés Alfredo Arrúa Brítez.
En su resolución, el magistrado sostuvo que existen elementos suficientes para concluir que los acusados demostraron una "evidente falta de voluntad de sometimiento a las resultas del proceso", además de incurrir en un "sistemático entorpecimiento" del desarrollo normal del procedimiento judicial.
Según el juez, estas actuaciones no solo afectan el avance de la causa, sino también perjudican a los demás coprocesados y a la correcta administración de justicia.
El magistrado agregó que, pese a haber sido beneficiados inicialmente con la medida cautelar menos gravosa, los procesados recurrieron de manera reiterada a mecanismos que dilataron el normal avance del expediente.
A criterio del juzgado, esta conducta demuestra que las medidas cautelares originalmente otorgadas fueron utilizadas para eludir el sometimiento a la justicia, desnaturalizando los fines para los que fueron concedidas.
Como consecuencia, el juez dispuso el arresto domiciliario de todos los acusados con el uso obligatorio de tobilleras electrónicas, cuyo costo deberá ser asumido por los propios procesados, además de establecer controles aleatorios por parte de la Policía Nacional mientras continúe la tramitación de la causa.
