Oposición lamenta que derroche estatal en combustibles continuará
Según la legisladora, esta jugada representa una verdadera afrenta a la institucionalidad y pone en evidencia el uso arbitrario del poder judicial en beneficio propio.
El origen de la polémica es una medida cautelar dictada por la propia Sala Constitucional de la Corte, a raíz de una acción presentada por el abogado Gustavo Gorostiaga, asesor de la misma institución. Con esta maniobra, se suspende momentáneamente la aplicación de la Ley 6954/2022, la cual vetaba expresamente la entrega de combustibles a funcionarios y autoridades de todos los poderes del Estado, incluidos organismos autónomos y descentralizados.
La resolución judicial alega que la prohibición de combustibles implicaría un "daño irreparable" para el plan presupuestario del próximo año, lo que justificaría la suspensión provisoria de la normativa. Sin embargo, Amarilla no se guardó nada y tildó esta decisión de una "bofetada institucional", recordando que el Poder Legislativo tiene la potestad de aprobar o modificar el Presupuesto General de la Nación y que sus resoluciones deben ser acatadas por los demás órganos del Estado.
Indignada, también denunció el doble estándar de la Corte, al señalar que mientras se autobenefician con rapidez inusual, a otros ciudadanos o políticos se les niega celeridad. Como ejemplo, mencionó a la exsenadora Kattya González, cuya solicitud de medida cautelar para evitar su destitución lleva más de un año sin resolución. Amarilla comparó la velocidad del fallo actual —emitido en menos de 24 horas— con su propia experiencia como exdiputada, cuando una acción de inconstitucionalidad que presentó demoró más de dos años en ser considerada, ya sin posibilidad de reparar el daño sufrido.
"Actúan con premura cuando se trata de sus intereses, pero ignoran al resto", afirmó, poniendo en duda la imparcialidad del máximo órgano judicial del país y cuestionando el uso de recursos públicos para beneficios personales bajo un manto de legalidad autoproducida.
