Oposición denuncia que Milei violó Tratado de Yacyretá
Una fuerte denuncia conjunta fue emitida por varios partidos políticos paraguayos, entre ellos el PLRA, Paraguay Soberano, PDP, Paraguay Pyahura, Partido de la A, PPC, Yo Creo, PFA y País Solidario, en respuesta al reciente Decreto N.º 303/2025 del gobierno argentino, que impone una tarifa de 28 dólares por megavatio/hora (MWh) para la energía de Yacyretá, en abierta contradicción con lo que establece el Tratado de la Entidad Binacional.
Los partidos acusan a la administración de Javier Milei de actuar de manera unilateral y violatoria del tratado binacional al intentar fijar el precio de la energía mediante un decreto interno, y a la vez critican la pasividad del presidente Santiago Peña, a quien señalan por permitir esta medida sin resistencia, cediendo así ante un nuevo atropello argentino a la soberanía nacional.
Según el comunicado, la tarifa impuesta no corresponde al verdadero costo del servicio como exige el Tratado, sino que busca validar una supuesta deuda de más de 4.000 millones de dólares que la Entidad Binacional Yacyretá tendría con el Tesoro argentino, una deuda calificada como espuria y basada en decretos unilaterales de gobiernos argentinos pasados, incluidos los de Videla y Alfonsín, además del Acuerdo Cartes-Macri firmado en 2017 y aprobado en 2018 por el Congreso paraguayo, pero nunca ratificado por Argentina.
El reclamo también enfatiza que el Estado paraguayo ha sido históricamente perjudicado por la falta de pago de la compensación correspondiente al territorio inundado para el funcionamiento de la central hidroeléctrica, una deuda que ya superaría los 1.000 millones de dólares. Además, señalan el nulo avance en la reposición del ferrocarril inundado, esencial para un país sin salida al mar como Paraguay.
La posición de los partidos es tajante: la deuda debía haber sido cancelada en 2014, tras 40 años de vigencia del Anexo C del Tratado, de la misma forma que ocurrió con Itaipú. En cambio, denuncian que Milei busca reflotar una deuda ilegítima, apropiarse de energía paraguaya a precios irrisorios, no pagar compensaciones debidas y continuar con una política de beneficio exclusivo para el Tesoro argentino, con la anuencia del gobierno paraguayo.
El documento refleja un fuerte malestar político y social ante lo que consideran una claudicación inaceptable del Paraguay frente a decisiones unilaterales del vecino país, que podrían marcar un nuevo capítulo de desventaja histórica en la relación binacional.