Oposición critica suspensión de negociaciones en Itaipú
En una declaración conjunta, varias organizaciones políticas y sociales expresaron su firme rechazo a la decisión del presidente Santiago Peña de suspender las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú.
El texto, titulado "Peña reafirma posición entreguista en Itaipú", acusa al jefe de Estado de abandonar la revisión de un documento clave para el país, cuando las condiciones eran favorables para reclamar mayores beneficios. "Santiago Peña ha cometido una traición a la patria al frenar la revisión del Anexo C, que ya arrastraba una preocupante demora", señalaron los firmantes.
Las agrupaciones firmantes resaltaron que el supuesto caso de espionaje brasileño contra Paraguay debió ser una oportunidad para fortalecer la posición soberana del país y exigir la pronta renegociación del acuerdo binacional. Sin embargo, denuncian que el mandatario optó por posponer las discusiones, en lo que consideran una "reacción completamente inadmisible" frente a un acto hostil.
Según el pronunciamiento, desde agosto de 2023 existían condiciones óptimas para encarar la revisión, dado el bajo costo del servicio eléctrico en Itaipú. No obstante, denuncian que el Gobierno optó por vender la energía a Brasil a un precio por debajo del que ese país ya había aceptado en el pasado. "La administración Peña cedió nuestra energía a valores inferiores a los vigentes entre 2009 y 2021, a pesar de que los precios internacionales de la energía han aumentado", advierten.
La nota también pone en tela de juicio la lógica detrás del precio de exportación acordado por el Ejecutivo. "¿Por qué entregar electricidad a un precio que ni siquiera el propio Lula se negó a pagar hace 15 años? ¿Por qué no se impone una política que permita exportar a valores de mercado, como ocurre con el gas boliviano?", cuestionan.
Los firmantes afirman que la decisión presidencial podría estar motivada por el interés de prolongar irregularidades dentro de la administración de la binacional. Señalan que mantener una tarifa superior al costo real del servicio contradice lo estipulado en el tratado y abre la puerta a manejos discrecionales de fondos, citando como ejemplo el caso de los polémicos "pupitres de oro", donde se pagaron sumas desproporcionadas por mobiliario escolar.
Además, insisten en que el precio de la energía debe beneficiar a la ANDE y a los consumidores locales, mientras que el excedente no utilizado debería ser vendido a valores de mercado, como ya ocurre en otros países del Mercosur.
Como cierre, las organizaciones exigieron retomar de inmediato la revisión del Anexo C, reclamar el resarcimiento por una deuda calificada como ilegal por la Contraloría General de la República y comercializar la energía excedente bajo condiciones equitativas.
El documento cuenta con la adhesión de diversos partidos y movimientos, entre ellos el Partido Revolucionario Febrerista, el PLRA, Participación Ciudadana, Paraguay Pyahura, el Frente Amplio, entre otros, así como de la exsenadora Kattya González.