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La decisión fue tomada tras una reunión política realizada en la sede del Partido Revolucionario Febrerista, donde coincidieron referentes partidarios y legisladores que vienen cuestionando el rol del Tribunal Superior de Justicia Electoral y los vínculos empresariales detrás de la única oferta aceptada.
Según expresaron, el foco de la denuncia apunta al consorcio proveedor de las máquinas electrónicas, al que vinculan con antiguos socios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña. Para los opositores, esta relación compromete la transparencia del proceso y pone en duda la imparcialidad institucional en un aspecto clave del sistema democrático como es la organización de los comicios.
Una de las voceras del encuentro, Mercedes Canese, sostuvo que la oposición ya no reconoce legitimidad al procedimiento ni a las decisiones adoptadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, incluyendo a ministros identificados con sectores opositores que, a su criterio, terminaron avalando un proceso "viciado desde su origen". En ese contexto, afirmó que se resolvió impulsar una acción penal ante el Ministerio Público para que se investiguen las irregularidades denunciadas.
En la misma línea se pronunció el senador liberal Éver Villalba, quien señaló que existen elementos suficientes para que la Fiscalía analice la posible comisión de hechos punibles durante la licitación. Indicó que la oposición reunirá documentación y antecedentes para demostrar que el proceso habría sido diseñado para beneficiar a un oferente específico, lo que, de confirmarse, configuraría delitos vinculados al direccionamiento y al uso indebido de recursos públicos.
El cuestionamiento central gira en torno a la adjudicación a la empresa Comitia MSA, única oferente del llamado y señalada por la oposición como ligada a ejecutivos del grupo financiero ueno. Para los críticos, la falta de competencia real y los antecedentes empresariales del consorcio refuerzan la sospecha de un proceso hecho a medida.
Desde otros sectores opositores, como Cruzada Nacional, también se sumaron a la postura crítica. Representantes de ese espacio advirtieron que cualquier intento de construcción de un frente electoral alternativo al oficialismo debe partir, necesariamente, de reglas claras y de un sistema de votación que genere confianza pública, algo que —afirman— hoy no está garantizado.
La ofensiva política y judicial se da en un clima de creciente tensión en torno al uso de tecnología electoral y a la credibilidad de las instituciones encargadas de administrar las elecciones. Mientras el oficialismo defiende la legalidad del proceso, la oposición busca trasladar el debate al ámbito penal con el objetivo de frenar la implementación de las máquinas y forzar la revisión integral del sistema antes de los próximos comicios.
