Oficialismo en Diputados adelanta voto a favor de reactivar a expresidentes
Aun antes de que el proyecto sea tratado en el Senado, previsto para los próximos días, referentes del movimiento Honor Colorado en Diputados ya dejan en claro que la propuesta tiene vía libre en la Cámara Baja, donde el cartismo cuenta con mayoría suficiente para su aprobación.
El diputado Miguel Del Puerto, líder de bancada del sector oficialista, defendió la iniciativa argumentando que no se trata de una modificación sustancial, sino de una reglamentación que busca ordenar una situación que, según su postura, ya fue avalada en instancias institucionales anteriores. Sostuvo que tanto órganos partidarios como la Justicia Electoral e incluso la Corte Suprema se pronunciaron en su momento a favor de la posibilidad de que expresidentes accedan a cargos electivos, pese a su condición de senadores vitalicios.
El legislador insistió en que el objetivo es dar mayor participación a exjefes de Estado dentro del sistema político, planteando que la experiencia acumulada por estas figuras puede ser aprovechada en el ámbito legislativo con un rol más activo.
Sin embargo, la propuesta genera una fuerte controversia en el plano jurídico y político. Diversos sectores sostienen que la Constitución es clara al establecer que los expresidentes electos pasan automáticamente a ser senadores vitalicios, con voz pero sin voto, y que dicha condición no puede ser renunciada para competir en elecciones.
El artículo 189 de la Carta Magna fija ese estatus de manera taxativa, lo que para los críticos hace incompatible cualquier intento de convertir a esos actores en senadores activos mediante una ley ordinaria. A esto se suma otro punto clave: especialistas advierten que cualquier cambio en materia electoral debería realizarse mediante una reforma constitucional, tal como lo establece el artículo 289.
El antecedente de 2018, cuando se impidió el juramento como senadores activos de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, vuelve a instalarse en el centro del debate. Desde el oficialismo consideran que aquella decisión fue política y buscan evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse con una normativa que despeje interpretaciones.
Mientras tanto, la oposición y sectores independientes advierten que el proyecto podría abrir la puerta a una alteración del equilibrio institucional, al permitir que figuras con fuerte peso político retornen al Congreso con plenas atribuciones, algo que, según sostienen, contradice el espíritu de la Constitución vigente.
Con el tratamiento en puerta y los votos prácticamente asegurados en Diputados, el debate promete escalar en los próximos días, no solo en el ámbito legislativo, sino también en el terreno jurídico, donde ya se anticipan posibles acciones para frenar o cuestionar la eventual aprobación de la iniciativa.