Oficialismo alista estructura y apura refoma fiscal
En pleno receso parlamentario, la Comisión Permanente habilitó el adelantamiento del tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo y sostenido por el oficialismo colorado cartista. La decisión desató una fuerte reacción de la oposición política y de los gremios afectados, que denuncian un procedimiento acelerado, sin debate público y con exclusión de las voces críticas.
Este miércoles, la Comisión Permanente, presidida por el senador Colym Soroka, aprobó la convocatoria a una sesión extraordinaria para el próximo 5 de febrero con el objetivo de iniciar el tratamiento formal del proyecto de ley que reforma el sistema previsional del sector público. La medida se adoptó mientras el Congreso se encuentra en receso, lo que para la oposición configura una maniobra para avanzar con una reforma estructural aprovechando un escenario institucional limitado.
Legisladores opositores sostienen que el oficialismo busca utilizar la Comisión Permanente como un atajo político para fijar el temario, reducir los tiempos de discusión y encaminar una aprobación exprés de la iniciativa. Advierten que una reforma de este alcance no debería tratarse sin audiencias públicas, sin dictámenes técnicos consensuados y sin participación real de los sectores directamente afectados.
El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, encabezado por Carlos Fernández Valdovinos, a finales de diciembre de 2025. La propuesta apunta a modificar las reglas de jubilación y pensión de la Caja Fiscal, que agrupa a docentes, policías, militares, magistrados y otros funcionarios públicos.
Entre los principales cambios planteados se incluye la fijación de una edad mínima de retiro para varios sectores, con jubilación extraordinaria desde los 57 años y ordinaria a los 62, la modificación de la tasa de sustitución según los años de permanencia en actividad y el recálculo del haber jubilatorio en base al promedio de los últimos cinco años de salario. Además, el proyecto establece una tasa total de aportes del 22 por ciento, de los cuales el 19 por ciento correspondería al trabajador y el 3 por ciento al Estado como empleador.
Desde el Ejecutivo se argumenta que la reforma es urgente debido al déficit creciente de la Caja Fiscal, que cerró el 2025 con un rojo estimado de alrededor de 380 millones de dólares. Fernández Valdovinos sostuvo ante la Comisión Permanente que el proyecto permitiría reducir entre el 50 y el 60 por ciento del déficit anual y afirmó que no se verán afectados los derechos jubilatorios ya adquiridos.
Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a la oposición ni a los gremios. Legisladores de bloques no oficialistas denunciaron un atropello institucional y advirtieron que el cartismo prepara su "aplanadora" legislativa, aprovechando su mayoría en ambas cámaras para aprobar la reforma sin introducir cambios sustanciales.
Los gremios docentes fueron de los primeros en reaccionar. El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, cuestionó duramente el proyecto y señaló que la edad mínima propuesta y el bajo aporte estatal no garantizan la sostenibilidad del sistema. Desde el sector educativo reclaman un mayor aporte del Estado y la apertura de mesas técnicas para discutir artículo por artículo la propuesta.
Organizaciones sindicales como la OTEP-A también expresaron su rechazo y señalaron que no todos los sectores de la Caja Fiscal son deficitarios, por lo que consideran injusto aplicar una reforma generalizada. Advirtieron además que el tratamiento apresurado podría derivar en conflictos sociales, medidas de fuerza e incluso acciones judiciales por presunta inconstitucionalidad.
Otra de las críticas recurrentes apunta a que la reforma no incluye a los regímenes especiales, como el sistema jubilatorio de los parlamentarios, que mantienen condiciones privilegiadas. Desde la oposición consideran contradictorio que quienes impulsan cambios restrictivos no incluyan sus propios beneficios en la discusión.
El adelantamiento del tratamiento de la reforma se da además en un contexto político sensible, con un año marcado por el calendario electoral municipal. Para la oposición, el oficialismo busca cerrar el debate cuanto antes para evitar un mayor desgaste político y social.
Con la convocatoria a sesión extraordinaria ya aprobada, la reforma de la Caja Fiscal entra en una fase decisiva. Mientras el oficialismo insiste en la urgencia financiera, los sectores críticos alertan que se está avanzando sin consenso, sin debate y sin escuchar a quienes sostienen el sistema con sus aportes. La confrontación política y social en torno a la Caja Fiscal promete intensificarse en las próximas semanas.
