Oferta ilícita
“Si se decide a competir, yo voy a ser su jefe de campaña porque voy a ser presidente del Partido Colorado”, dijo el Jefe de Estado a un empresario durante una inauguración de obras, confirmando su interés en llegar a la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Ser un candidato electo y no estar habilitado para ejercer es una estafa electoral. Además del daño institucional que genera tener a un presidente de la República en campaña, todo el aparato gubernamental concentrando esfuerzos y recursos en las elecciones internas partidarias, contradiciendo su primer y más importante mandato: ser jefe de Estado y su administrador, en representación de todos los paraguayos.
El daño está hecho, la Constitución Nacional es letra muerta para los actuales gobernantes del país. El primer expresidente de la República -después del '89-, expresó al retirarse del cargo: “Misión cumplida” y dejó el poder. Hoy ningún gobernante toma ese ejemplo, se muestran irresponsables, ambiciosos y egoístas, contraviniendo toda normativa y principios éticos políticos.
Existe el antecedente de un presidente de la República candidato a estar al frente de la ANR en el 2006, cuando el entonces jefe de Estado, Nicanor Duarte Frutos, violando la Carta Magna, fue candidato y presidente electo de la ANR (con fallo discutido, además). El Tribunal Superior de Justicia Electoral había rechazado la impugnación de la candidatura de Duarte Frutos y -en un absurdo jurídico electoral- lo habilitó a ser presidente de la República y candidato al cargo de presidente de la ANR, sin poder ejercer el mismo. Los votos en disidencia en la Corte Suprema de Justicia fueron de los ministros José Altamirano y Sindulfo Blanco, muy bien fundamentados, por cierto. En sus argumentaciones, los ministros de la Corte dijeron claramente: “El presidente de la República no puede sustraerse en ocupaciones extrañas a las conferidas por mandato supremo constitucional. Y no habiendo otro cargo de mayor relevancia en la estructura organizativa del Estado paraguayo, el presidente de la República no puede pugnar por un cargo inferior no sectorial y menos aún ejercerlo”.
El escenario político actual es complejo; la crisis sanitaria, seguida de la económica y social, se amplía a la política. En el 2006 fue el principio del fin de la caída del partido de gobierno. En el 2008 -y con la victoria de un outsider, su juicio político posterior y el advenimiento de un empresario sin formación política- el derrotero de la República se vio amenazado; hoy, sin haber cambiado de rumbo, se ha profundizado la crisis en todos los campos del poder.
Lejos estamos de esos primeros años de vigencia constitucional y de primavera democrática. Tenemos en la actualidad a un expresidente que se resiste a dejar el poder y mantiene una cuota del mismo; y a un presidente en funciones, decidido a buscar ser presidente del partido, función irrelevante para quien está a un poco más de un año de despedirse de la vida política si fuera a cumplir con los principios generales constitucionales, como el de la rotación de actores políticos dispuesto en el '92.
Este es el primer caso en la transición democrática paraguaya que tiene a un expresidente y un presidente en ejercicio confrontados por la titularidad del partido de gobierno. Ni el anterior se retiró ni el actual tiene intenciones de hacerlo, según parece.
¿Qué equilibrio e igualdad en la competencia política podrían darse si el propio presidente de la República compite con ciudadanos comunes, siendo el jefe de Estado, ordenador de gastos del Poder Ejecutivo, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, además de responsable de las relaciones internaciones de la República? Todos los organismos de seguridad dependen de él, la administración pública nacional y sus funcionarios lo tienen como superior administrativo. Sus decisiones se verán coludidas y contaminadas por el interés político de las internas partidarias. Es sumir al país en un espiral de vicios e insensatez.
Tras lo ocurrido en el 2006, y hoy con el propio Jefe de Estado en ejercicio, interrumpe la construcción de un modelo político más justo, donde se respeten la igualdad y los derechos ciudadanos. Estamos ante la particularidad de que el expresidente no se quiere ir y sigue acumulando poder, y el que le enfrenta es el presidente actual. ¿Quién nos gobernará si quienes tienen la responsabilidad de hacerlo se convierten todos en candidatos?
D.D.W-S