PolíticaBusca acabar con monopolio de un sector
La propuesta, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada con una fuerte mayoría oficialista, pero en medio de intensos cuestionamientos por parte de algunos sectores políticos y empresariales, especialmente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban).
El proyecto fue dictaminado favorablemente por la Comisión de Presupuesto, presidida por la diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), quien argumentó que "la aparición de nuevos actores, la transformación digital y el avance de la tecnología hacen urgente una actualización del marco normativo actual".
De acuerdo con Villalba, la legislación contempla aspectos como la custodia y registro de valores, sistemas de pago, acuerdos operativos y procedimientos que permitan la integración de nuevos servicios, tecnologías y actores financieros en el sistema de pagos. También destacó que se trata de una herramienta para fomentar la inclusión financiera y ampliar el uso de medios electrónicos.
Una apuesta por la competencia y la transparencia
En la misma línea, el diputado Carlos Núñez Salinas (ANR-Central), titular de la Comisión de Asuntos Económicos, sostuvo que Paraguay da un paso importante hacia una infraestructura financiera "más segura, eficiente y confiable".
Por su parte, Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), al frente de la Comisión de Equidad Social, enfatizó que la ley incorpora principios rectores como la interoperabilidad, la innovación y la eficiencia. "Esta normativa busca romper con estructuras oligopólicas y abrir el mercado a la competencia", manifestó.
Yamil Esgaib (ANR-Capital), presidente de la Comisión de Justicia, fue aún más directo: "Esto no es una opción. Es una necesidad urgente. Tenemos que terminar con el monopolio actual y abrir el juego para beneficiar al pueblo".
Posturas críticas en el recinto
Pese a la mayoría oficialista, no faltaron voces disidentes en el plenario. Diputados como Mauricio Espínola (ANR-Capital), Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), Adrián Vaesken (PLRA-Central) y Raúl Benítez (Independiente-Central) manifestaron su oposición a la norma, señalando principalmente que algunos artículos podrían generar incertidumbre en el sector financiero.
Rodrigo Blanco (PLRA-Central), por ejemplo, propuso eliminar dos incisos del artículo 4, pero su moción fue rechazada en votación.
Fundamentos del cambio normativo
Según la exposición de motivos, la legislación vigente, establecida por la Ley N.º 4.595/2012, ya no responde a las dinámicas actuales del sistema financiero. La nueva normativa surge como respuesta al crecimiento exponencial de las transacciones electrónicas, la necesidad de fortalecer la seguridad contra fraudes y ciberataques, y la aparición de nuevos servicios digitales.
Entre los objetivos principales figuran:
Regular la entrada de nuevos actores al sistema de pagos.
Eliminar barreras de acceso al sistema financiero.
Fortalecer la supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP).
Garantizar seguridad, eficiencia e interoperabilidad en los procesos.
El diputado César Cerini (ANR-Itapúa), de la Comisión de Cuentas y Control, aseguró que el cambio "no beneficia a un solo sector, sino que amplía las oportunidades para todos los ciudadanos".
Críticas del sector bancario: "Es una ley contra Bancard"
Uno de los focos más controvertidos gira en torno al artículo que faculta al BCP a reestructurar operadoras del sistema de pagos. Liz Cramer, representante de Asoban, fue tajante: "Esto es una ley contra Bancard".
Durante una intervención pública, Cramer explicó que actualmente existen tres operadoras de procesamiento de pagos en el país: una vinculada al Banco Continental (EFSA), otra al Banco Familiar, y Bancard, que cuenta con participación de varios bancos asociados a Asoban.
Cramer argumentó que el cuestionado artículo permitiría al BCP "desmembrar" Bancar, lo que —según sostuvo— equivale a un ataque directo a una empresa que ha invertido más de 60 millones de dólares en su infraestructura y destina anualmente 12 millones para innovación y tecnología.
"No hay monopolio, hay tres actores"
Cramer defendió la estructura actual del mercado, afirmando que no existe monopolio en el sistema de pagos: "Hay tres operadoras, y si no hay más es porque el mercado no lo permite, no porque alguien lo impida".
También desmintió que no haya interoperabilidad: "Eso es falso. El 85% del sistema ya está interconectado. El resto se está trabajando. No se necesita destruir a nadie para lograr eso".
Afirmó que la verdadera barrera para nuevos competidores no es legal ni normativa, sino económica: "Entrar al sistema requiere inversiones millonarias en ciberseguridad y conectividad".
Reclamos por falta de diálogo
La ejecutiva de Asoban también denunció que el proceso legislativo careció de transparencia. Según dijo, el proyecto fue modificado con nuevos artículos de forma sorpresiva en el Senado, sin un proceso real de consulta con los principales actores del sistema financiero.
"Solicitamos reuniones al Banco Central durante semanas. Por nota, por teléfono, por WhatsApp. Nunca nos respondieron. Lo que se instaló es un ambiente de incertidumbre y desconfianza", lamentó.
Pasa al Poder Ejecutivo
Tras su sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual veto.
Aunque el oficialismo celebra una ley que —según afirma— democratizará el acceso a servicios de pagos digitales, los actores financieros tradicionales advierten sobre los riesgos de fragmentar un sistema que consideran ya eficiente.
La pregunta que ahora queda en el aire es si esta nueva normativa abrirá efectivamente el mercado o si, por el contrario, profundizará la desconfianza entre reguladores y operadores en uno de los sectores más sensibles de la economía nacional.
