Nueva iniciativa busca enfrentar amenaza de los deepfakes en nuestro país
Según la exposición de motivos, esta propuesta legislativa surge como una respuesta directa ante los riesgos que representan las tecnologías de manipulación de contenido mediante inteligencia artificial.
Agrega que los deepfakes (videos, audios o imágenes alterados de manera tan realista que resulta prácticamente imposible distinguirlos del contenido auténtico), constituyen "una de las amenazas más sofisticadas y perniciosas de nuestra era".
El documento explica que los proyectistas identificaron múltiples riesgos para la sociedad paraguaya, incluyendo el daño al honor y la reputación, fraudes y estafas mediante suplantación de identidad, extorsión y chantaje, manipulación de la opinión pública especialmente en períodos electorales, y la potencial desestabilización de la seguridad nacional.
Vacío legal actual
Señala, por otro lado, que la legislación actual carece de figuras penales específicas para abordar de manera efectiva la creación y uso malicioso de deepfakes. Aunque existen delitos como difamación, calumnia, suplantación de identidad o fraude, "estas no siempre contemplan la sofisticación técnica y el impacto masivo de estas nuevas formas de engaño digital", aseguran los proyectistas.
El proyecto establece penas privativas de libertad de 2 a 8 años para quienes creen o difundan deepfakes sin consentimiento y con intención de engañar o perjudicar. Las sanciones aumentan a 3 a 10 años para el uso malicioso que incluya suplantación de identidad, difamación, extorsión, fraude o manipulación de procesos electorales.
La propuesta contempla el aumento de penas en un tercio cuando los delitos involucren menores de edad, funcionarios públicos, contenido sexual, afectación a la seguridad nacional, o cuando se utilicen para acoso escolar con consecuencias psicológicas.
La ley no penaliza la creación de deepfakes con fines artísticos, educativos, humorísticos o satíricos, siempre que se indique claramente que se trata de contenido no real y se cuente con la autorización correspondiente.
El proyecto también establece que los proveedores de servicios digitales deberán retirar contenido ilícito en un plazo de 24 horas, una vez notificados, bajo riesgo de multas de hasta 1.000 jornales mínimos y posible suspensión de operaciones.
Más allá de las sanciones
Más allá de las sanciones, el proyecto propone un enfoque preventivo mediante campañas de alfabetización digital a cargo del Estado, fortalecimiento de capacidades de investigación forense digital, y la creación de una mesa de trabajo interinstitucional permanente.
La iniciativa también promueve la colaboración con la industria tecnológica para desarrollar herramientas de detección y la cooperación internacional para enfrentar un delito que "por su naturaleza, no conoce fronteras".
El proyecto, por otro lado, garantiza derechos específicos para las víctimas, incluyendo la remoción del contenido, asistencia psicológica, reparación del daño y medidas cautelares para prevenir mayor difusión del material manipulado.
Con esta iniciativa, Paraguay busca posicionarse a la vanguardia en la regulación de tecnologías emergentes en América Latina, estableciendo un marco jurídico que podría servir como referencia para otros países de la región, enfrentando desafíos similares, dice finalmente la exposición de motivos.