No acatar un fallo de la Corte es "una gravedad institucional extrema", según experto
El reconocido abogado y experto en Derecho Constitucional, Ezequiel Santagada, lanzó duras advertencias sobre la posibilidad de que el Senado de la Nación, controlado por la bancada de Honor Colorado, se niegue a acatar un eventual fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia que ordene la restitución de Kattya González en su banca. Sus declaraciones fueron una directa respuesta a las expresiones del presidente del Congreso, el senador cartista Basilio "Bachi" Núñez, quien insistió en que no aceptarán la reposición de la exlegisladora.
"La última palabra en materia de interpretación constitucional la tiene la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No respetar una decisión de la Corte es de una gravedad institucional extrema", sostuvo Santagada en declaraciones que pusieron en evidencia el peligroso rumbo que podrían estar tomando las instituciones del país.
"La mayoría la tienen ellos y la harán valer"
En un análisis que ofreció a esta redacción, Santagada también apuntó contra la doble vara con la que se manejan los sectores políticos dominantes en el Congreso. A su criterio, el conflicto actual es consecuencia directa de haber desoído decisiones judiciales anteriores, como en los casos del expresidente Nicanor Duarte Frutos o del actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, cuando fue habilitado como senador activo pese a cuestionamientos constitucionales.
"Ahora la mayoría la tienen ellos y la harán valer; tal como en su momento la hicieron valer los otros. Ninguno piensa en el país ni en el daño que se le hace a largo plazo con cosas como estas. La institucionalidad no es cuestión de conveniencia coyuntural. Es respetar las mismas reglas siempre", enfatizó el abogado.
Santagada también planteó una alternativa ante la posibilidad de que el Senado desacate la eventual orden de la Corte. Propuso que el propio máximo tribunal prevea mecanismos jurídicos para garantizar la ejecución de su fallo, de ser favorable a González.
"Si no se lo hace, en unos años seguramente habrá una nueva condena para Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los platos rotos —léase, indemnización— los pagaremos nosotros. Ya ocurrió con el caso de Bonifacio Ríos Ávalos y Fernández Gadea", recordó, en alusión a los antecedentes de sentencias internacionales contra el Estado paraguayo por violaciones a la independencia judicial y a derechos políticos.
Fallos que duermen y otros que se ignoran
En un dato que refleja la lentitud con la que se mueve el aparato judicial, Santagada mencionó que existen acciones de inconstitucionalidad mucho más antiguas que la de Kattya González, y que siguen sin resolverse.
"Dos casos que también serán resueltos por el pleno, que datan de 2019 y cuyas integraciones fueron notificadas en octubre de 2024 y febrero de este año, siguen durmiendo el sueño de los justos. Son los expedientes 82/19 y 1669/19, donde se discute la gratuidad del amparo de acceso a la información y el alcance del secreto bancario en el BCP", relató.
Estas demoras contrastan con la presión política que rodea el caso González y muestran cómo la justicia puede avanzar o paralizarse según los intereses en juego.
¿Quién decide sobre la Constitución?
La acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra la resolución del Senado que la despojó de su investidura el pasado 14 de febrero será analizada por una Sala Constitucional Ampliada, integrada por siete ministros de la Corte Suprema y dos camaristas civiles.
Esta composición se completó recién ahora, más de 15 meses después del inicio del proceso, debido a las inhibiciones de los ministros Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolillo. Los camaristas Esteban Kriskovich y Miguel Ángel Rodas aceptaron completar la integración para habilitar el análisis del caso.
La Corte deberá pronunciarse en un plazo de 30 días hábiles desde la notificación formal de la integración, según el artículo 554 del Código Procesal Civil. Sin embargo, como advirtió Santagada, esto no garantiza nada: "Hay casos con integraciones notificadas hace más de un año y todavía no hay resolución".
Bachi Núñez: el Senado no se someterá
A pesar de la inminencia del fallo, el presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, fue categórico: Honor Colorado no acatará una eventual reposición de Kattya González. En reiteradas ocasiones, Núñez ha defendido la decisión del Senado y considera que la Corte no puede interferir en lo que califica como una "facultad exclusiva" del Legislativo.
"La Constitución Nacional habla de mayorías simples para la pérdida de investidura. Un reglamento no puede estar encima de la ley y una ley no puede estar encima de la Constitución", argumentó.
El cartista también insistió en que "no existe la recuperación de la investidura" en la legislación nacional y, por tanto, considera imposible la restitución de la exsenadora.
Estas posturas abren un escenario de posible choque de poderes sin precedentes, con la amenaza latente de desacato a una sentencia del máximo órgano de justicia del país.
¿Desacato institucional o crisis constitucional?
El escenario es delicado. Si el Senado se niega a cumplir una orden de la Corte Suprema, no solo estaría desafiando abiertamente la supremacía del orden constitucional, sino que además pondría a Paraguay en riesgo de sufrir otra condena internacional. Las consecuencias serían jurídicas, políticas y financieras, y debilitarían aún más la confianza en el Estado de derecho.
El caso de Kattya González ya dejó de ser un tema individual para transformarse en una prueba de fuego para la República. ¿Predominará el respeto a la Constitución o la fuerza bruta de la mayoría parlamentaria?
Como concluyó Ezequiel Santagada, la institucionalidad no puede depender de quién tiene los votos del momento, sino de reglas claras, estables y respetadas por todos. El futuro de la democracia paraguaya está en juego.




