PolíticaDenuncia
El hospital materno infantil de Fernando de la Mora atraviesa una grave crisis institucional tras una ola de denuncias que apuntan directamente a su director, el doctor Juan Gabriel Martínez Miranda, y que lo vinculan políticamente al diputado Rodrigo Gamarra. Las acusaciones fueron impulsadas públicamente por el comunicador Ariel Basualdo, quien desde hace meses viene exponiendo irregularidades en la gestión del centro de salud.
Una pancarta instalada frente al hospital con la consigna "¡Basta! No es una Seccional Colorada, es del pueblo" refleja el hartazgo de funcionarios que aseguran ser víctimas de persecución política y de un manejo clientelista en la administración. Entre las denuncias figuran casos de nepotismo: de cinco contratos otorgados por el Ministerio de Salud, dos fueron adjudicados a familiares directos del director, su esposa Mariela Mancuello y su cuñada Zulema Carrillo, ambas asignadas en urgencias los fines de semana. También se menciona la contratación de su hermano, Christian Gabriel Martínez Miranda, para cubrir vacaciones. Estas designaciones se habrían realizado sin concurso de méritos, lo que refuerza las sospechas de favoritismo.
Los reclamos incluyen además maltrato laboral y carencias básicas, como la falta de personal de limpieza que obliga a familiares de pacientes a realizar esas tareas. En el plano operativo, el hospital afronta problemas críticos: el autoclave utilizado para esterilizar equipos no funciona, lo que obliga a enviar instrumental al hospital San Pablo. A esto se suman denuncias por la presencia del diputado Gamarra en áreas restringidas como quirófanos y neonatología, sin respetar medidas de bioseguridad.
Las redes sociales oficiales del hospital también han sido utilizadas para agradecer públicamente a Gamarra por donaciones, lo que alimenta la percepción de un fuerte componente político en la gestión. Otros episodios cuestionados, como el hallazgo de un vehículo institucional en la casa de un familiar del director o historiales médicos acumulados en un galpón abierto, muestran que los problemas no son recientes.
El personal exige una auditoría inmediata y la intervención del Ministerio de Salud, encabezado por la ministra María Teresa Barán, quien visitó el hospital en julio pero aún no tomó medidas de fondo.
