PolíticaDenuncia de encubrimiento
Su regreso a las calles, con recorridos barriales y escenas difundidas en redes sociales, volvió a encender la polémica: mientras el ex jefe comunal busca reposicionarse políticamente, las múltiples denuncias por presuntas irregularidades durante su gestión continúan sin avances visibles en el Ministerio Público.
Rodríguez, que estuvo al frente de la Municipalidad desde finales de 2019 hasta agosto de 2025, renunció al cargo en medio de un escenario crítico marcado por cuestionamientos administrativos, financieros y políticos. Pese a ese antecedente, su irrupción en campaña incluyó actos informales y contactos directos con vecinos, algunos de los cuales derivaron en cruces tensos, como quedó registrado en videos donde se lo ve siendo increpado por ciudadanos que lo responsabilizan por el deterioro de la capital.
El contexto judicial que rodea al ex intendente sigue siendo uno de los puntos más sensibles. Sobre su administración pesa un extenso informe elaborado durante la intervención municipal, encabezada por Carlos Pereira, documento que confirmó graves irregularidades en varios ejes denunciados previamente por la Contraloría General de la República. Entre los hallazgos figuran alteraciones de sistemas informáticos, presunta falsificación de planos, venta de cargos, manejo de cajas paralelas y un uso irregular de bonos emitidos para obras que nunca se ejecutaron.
Uno de los puntos más cuestionados fue la administración de los bonos G8 y de la Cuenta Única municipal. Según las observaciones oficiales, una parte sustancial de los recursos, que debían destinarse a infraestructura, terminó siendo utilizada para gastos corrientes. En cifras, se detectó que cerca del 93% de fondos que debían financiar obras fueron redireccionados, además de inconsistencias entre los extractos bancarios y los saldos contables declarados.
A pesar de la gravedad de estas conclusiones, referentes políticos de la oposición advierten que las causas no avanzan y hablan abiertamente de un blindaje político. El diputado colorado disidente Daniel Centurión, también precandidato para Asunción, sostuvo que la falta de resultados judiciales genera una presunción clara de protección. Señaló que cuando los plazos procesales no se cumplen y los órganos encargados de investigar y juzgar permanecen inactivos, se instala la sospecha de que la Justicia vuelve a estar subordinada al poder político.
En la misma línea, el diputado opositor Raúl Benítez fue aún más duro al vincular la campaña de Rodríguez con un acuerdo previo de impunidad. A su criterio, la exposición pública del ex intendente no es solo responsabilidad personal, sino también consecuencia directa de la pasividad de la Fiscalía y del sistema judicial. Benítez afirmó que la renuncia de Rodríguez se dio en un contexto de negociaciones políticas que garantizaron que las investigaciones quedaran congeladas.
Mientras tanto, el ex intendente avanza con su proyecto electoral sin restricciones visibles, en un escenario que profundiza la desconfianza ciudadana. Para sectores críticos, la imagen de un ex jefe comunal cuestionado bailando en actos proselitistas mientras sus causas duermen en los despachos fiscales se convirtió en un símbolo de la crisis institucional de Asunción y de una impunidad que, lejos de disimularse, se exhibe sin pudor en plena campaña.
