PolíticaCompras millonarias
En el centro del conflicto está la paralización del llamado a licitación, la presentación de protestas por parte de empresas interesadas y la falta de acción oportuna de ambas instituciones, lo que amenaza con desencadenar una crisis electoral de proporciones alarmantes.
La Justicia Electoral planea adquirir 28 mil máquinas de votación, junto con el software, código fuente, capacitaciones, simulacros y asistencia técnica, con un presupuesto de 93 millones de dólares. No obstante, el proceso de contratación ha sido suspendido tras las impugnaciones de la empresa surcoreana Miru Systems Co LTS y la aseguradora paraguaya Tajy, ambas presentadas en marzo de este año.
Este retraso podría traer consigo efectos colaterales devastadores, entre ellos, la imposibilidad de realizar elecciones internas de partidos políticos, como la prevista por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para agosto, así como la afectación del calendario electoral rumbo a los comicios municipales de 2026.
El fuego cruzado entre el TSJE y la DNCP
El presidente del TSJE, Jaime Bestard, ha lanzado duras críticas contra la DNCP, señalando que la Justicia Electoral cumplió con todos los requisitos legales al remitir el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) desde el 13 de enero. Según Bestard, la DNCP habría demorado 52 días en publicar el llamado, obstruyendo así el normal desarrollo del proceso electoral.
Por su parte, el titular de la DNCP, Agustín Encina Pérez, retiró la acusación y responsabilizó a la Justicia Electoral por su falta de diligencia en la modificación del pliego. Según Encina, su entidad realizó 32 observaciones a las bases del llamado, las cuales debieron ser subsanadas antes de su publicación el 11 de marzo. Sin embargo, solo diez días después, llegaron las primeras protestas que detuvieron el proceso.
Un caos para las elecciones de 2026
Con este panorama desolador, la posibilidad de que las elecciones municipales de 2026 sufran retrasos es cada vez más real. La Justicia Electoral ha advertido que la falta de máquinas de votación y la incertidumbre en la contratación podrían derivar en una crisis logística sin precedentes.
En un comunicado reciente, el TSJE ha dejado en claro su preocupación por la situación, advirtiendo que la falta de publicación oportuna del llamado podría derivar en el incumplimiento de la Ley N.º 6318/2019, la cual establece la obligatoriedad del voto electrónico en los comicios plurinominales de 2025 a 2028.
Ineficiencia y peligro para la democracia
El enfrentamiento entre el TSJE y la DNCP no es más que una muestra clara de la falta de coordinación y de la ineficiencia institucional que impera en el país. Mientras ambas entidades se lanzan acusaciones mutuas, el proceso electoral pende de un hilo, y con él, la confianza de la ciudadanía en la transparencia de los comicios.
Si no se toman medidas urgentes para destrabar el proceso de contratación de las máquinas de votación, las elecciones municipales de 2026 podrían verse gravemente afectadas. Y peor aún, este caos podría sentar un peligroso precedente de improvisación y desorganización en futuros procesos electorales.
