El Gobierno ha dado un giro en su respuesta a la serie de ciberataques que afectaron a instituciones estatales en las últimas semanas.
Aunque los incidentes comenzaron a conocerse desde el 10 de mayo, y muchos de ellos ya fueron contenidos, la novedad es que el Estado decidió llevar el caso al ámbito judicial, basándose no solo en rastreos digitales, sino también en publicaciones que los propios atacantes hicieron en la red social X, donde se habrían atribuido la autoría de los hechos.
Los ataques afectaron a 18 organismos públicos, entre ellos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, la Contraloría, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, la Cámara de Diputados, y hasta el Gabinete Civil de la Presidencia. En total, se confirmaron 13 casos de defacement (alteración de páginas web), tres accesos no autorizados y dos filtraciones de datos personales —aunque, según Mitic, sin comprometer información bancaria.
Desde el equipo de respuesta CERT-PY, aseguran que los sistemas comprometidos ya se encuentran en proceso de restablecimiento seguro y que se están aplicando medidas de refuerzo para prevenir nuevas brechas. Sin embargo, se mantiene la vigilancia activa ante nuevas amenazas.
Los hechos denunciados incluyen acceso indebido a servidores estatales, interrupción de servicios digitales, sustracción y divulgación de información sensible, y operaciones maliciosas que se habrían originado desde el extranjero. El Estado no descarta ampliar la denuncia si surgen nuevos elementos.
El correo [email protected] sigue habilitado para que ciudadanos e instituciones reporten cualquier incidente sospechoso.