"Miss Nepobaby" no reportó aumento patrimonial a pesar de haber cobrado más de G. 550 millones
El documento revela un dato que llamó poderosamente la atención: su patrimonio no registró ninguna variación desde su ingreso hasta su salida de la función pública.
Según los registros, al momento de incorporarse a Diputados en octubre de 2023, la entonces funcionaria declaró bienes por un total de G. 177.200.000, cifra que se mantuvo exactamente igual al momento de su renuncia en abril de 2026. El dato contrasta con los ingresos que percibió durante ese periodo, ya que contaba con un salario mensual de G. 18.274.300, lo que le permitió acumular más de G. 560 millones en menos de tres años dentro de la institución.
La situación genera interrogantes sobre el destino de esos ingresos, teniendo en cuenta que en su declaración figura apenas una cuenta de ahorro con G. 200.000, además de un vehículo valuado en alrededor de G. 157 millones. Tampoco se registran cambios en sus deudas ni en sus egresos mensuales, que permanecen idénticos a los consignados al inicio de su gestión.
Montserrat Alliana ocupaba un cargo de confianza como coordinadora en el área de Tesorería de la Cámara Baja, al que accedió sin concurso, en medio de cuestionamientos por presunto nepotismo. Su caso se convirtió en uno de los más visibles dentro del debate sobre las contrataciones de familiares de autoridades, en el marco del fenómeno de los llamados "nepobabies".
Su salida del cargo se produjo el 7 de abril, mientras que la formalización de la renuncia se concretó días después, en un contexto político marcado por la confirmación de la candidatura presidencial de su padre para el 2028. Desde el entorno del vicepresidente se argumentó que la decisión obedecía a una oportunidad laboral en el sector privado y a cuestiones de salud.
El caso no solo estuvo rodeado de críticas políticas y sociales, sino que también derivó en una denuncia ante la unidad especializada en delitos económicos, que finalmente fue desestimada por el Ministerio Público. Aun así, la exposición de sus ingresos y la ausencia de variación patrimonial vuelven a instalar el debate sobre transparencia, controles y uso de influencias dentro del Estado.
