Ministro Bertoni contra Acuerdo de Escazú
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Santiago Bertoni, remitió una nota al canciller Antonio Rivas expresándole su “gran preocupación” por la posibilidad de que nuestro país ratifique el polémico Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
“Esta cartera de Estado viene promoviendo que las relaciones comerciales estén basadas en ciencia y pruebas científicas”, señala Bertoni en su nota al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), advirtiendo que dicho acuerdo internacional “promueve todo lo contrario por lo que manifiesta una gran preocupación ante la posibilidad de que el Paraguay pueda ratificar dicho acuerdo”.
El Acuerdo de Escazú fue firmado por el entonces canciller Luis Castiglioni y su ratificación está a instancias del Congreso.
El titular del MAG sostiene que “las reglas de comercio promovidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y otros organismos multilaterales de los que el Paraguay forma parte, son suficientes para garantizar reglas claras y por sobre todo equilibradas para mantener el desarrollo sostenible agrícola con respecto al ambiente”.
“Este acuerdo contempla el principio precautorio del cual el Paraguay se ha manifestado siempre en contra pues se basa en supuestos sin fundamentos científicos que causan trabas innecesarias al comercio y al acceso a la tecnología”, agrega.
Bertoni argumenta que nuestro país siempre ha sido escrupuloso en el cumplimiento de acuerdos internacionales relacionados con los temas ambientales, lo que le ha permitido el desarrollo de productos agrícolas que han “posicionado al país como un exitoso exportador de productos agroalimentarios”.
El Acuerdo de Escazú, llamado así porque fue firmado en esa ciudad de Costa Rica el 4 de marzo de 2018 por 21 países, es un tratado regional que tiene, principalmente, tres objetivos: garantizar a la sociedad el acceso a la información ambiental; promover la participación de todas las personas en las decisiones que afectan su vida y su entorno; y asegurar el acceso a la justicia en asuntos ambientales, es decir cuando no se cumplan estos derechos.
El gobierno de Mario Abdo Benítez aún estudia el documento, luego de retirarlo del Congreso por críticas de la Iglesia Católica que lo ven como un Caballo de Troya para lo que consideran "ideología de género". Sin embargo, es probable que en la sesión del jueves próximo, el Senado pida al Poder Ejecutivo que remita nuevamente al Congreso el Acuerdo para su ratificación o rechazo.