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La licitación para la adquisición de 28.000 máquinas de votación electrónica, valorada en aproximadamente USD 93 millones, ha desencadenado una crisis institucional en Paraguay. El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se encuentran en un enfrentamiento que amenaza con afectar el cronograma electoral previsto para 2026 y la implementación del voto electrónico establecido por la Ley N.º 6318/2019.
Orígenes del conflicto
El 13 de enero de 2025, el TSJE remitió a la DNCP el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para su revisión y posterior publicación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Sin embargo, pasaron 52 días sin que se concretara la convocatoria, lo que llevó al TSJE a expresar su preocupación por la "excesiva dilación" y a advertir sobre posibles retrasos en las elecciones internas partidarias programadas para junio de 2026.
La DNCP, por su parte, argumentó que el PBC contenía 32 observaciones relacionadas con posibles restricciones a la competencia, como requisitos de experiencia y facturación considerados excesivos. Agustín Encina, titular de la DNCP, afirmó que no se publicaría el llamado hasta que se subsanaran dichas observaciones.
Publicación y nuevas suspensiones
Tras intensas negociaciones y ajustes por parte del TSJE, la DNCP finalmente publicó la licitación el 17 de marzo de 2025. El proceso incluía la adquisición de las máquinas, software, capacitación y asistencia técnica, con una fecha límite para la presentación de ofertas fijada para el 14 de abril.
Sin embargo, el proceso enfrentó un nuevo obstáculo cuando la DNCP suspendió la licitación tras una protesta presentada por la empresa Smartmatic, que cuestionaba ciertas especificaciones técnicas del pliego. Carlos María Ljubetic, miembro de la comisión técnica del TSJE, calificó la suspensión como "insólita" y advirtió sobre el riesgo de no contar con las máquinas a tiempo para las elecciones internas y municipales.
Implicaciones políticas y electorales
La falta de máquinas de votación ya ha tenido repercusiones concretas. El presidente del TSJE, Jaime Bestard, confirmó que el contrato de arrendamiento anterior concluyó y que actualmente no se dispone de ningún equipo. Esto pone en riesgo inmediato las elecciones internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), previstas para agosto de 2025, y podría afectar el desarrollo de las elecciones municipales de 2026.
Además, el TSJE sostiene que la compra de las máquinas resultaría más económica a largo plazo que continuar con el arrendamiento, y permitiría una mayor independencia tecnológica y eficiencia en la organización electoral.
Disputa
La disputa entre el TSJE y la DNCP refleja desafíos estructurales en la coordinación interinstitucional y pone de manifiesto la necesidad de revisar los mecanismos de contratación pública. Con el tiempo en contra y la presión de cumplir con los plazos electorales, es imperativo que ambas instituciones encuentren una solución que garantice la transparencia, legalidad y eficiencia en la adquisición de las máquinas de votación, asegurando así el fortalecimiento del sistema democrático del país.
