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El contrato, adjudicado por alrededor de G. 86.000 millones a la firma Neighpart SAECA, es objeto de observaciones que apuntan tanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas como a la calidad de los trabajos realizados.
De acuerdo con los antecedentes, la empresa habría recibido un anticipo equivalente al 20% del monto adjudicado, lo que representa aproximadamente G. 17.000 millones. No obstante, informes técnicos elaborados en el propio IPS habrían detectado una serie de incumplimientos en distintas instalaciones intervenidas, lo que despierta preocupación sobre el uso de los recursos públicos y la seguridad del suministro de oxígeno medicinal.
Uno de los casos señalados corresponde al Hospital Distrital de San Ignacio, departamento de Misiones, donde las verificaciones habrían constatado que la planta de oxígeno no cuenta con el generador eléctrico previsto en el contrato. Además, se indica que el equipo instalado sería usado y no correspondería a la marca Caterpillar, como establecían las condiciones técnicas de la adjudicación.
Las observaciones también alcanzan al establecimiento de Benjamín Aceval, donde la planta generadora de oxígeno instalada en 2021 habría presentado una avería apenas un año después de su puesta en funcionamiento. A ello se suma que el sistema debía operar con dos líneas de producción bajo una configuración dúplex para garantizar la continuidad del servicio, pero solamente una habría sido conectada, mientras la segunda permanece sin entrar en funcionamiento.
Las denuncias también ponen en tela de juicio el perfil de la empresa adjudicada, al señalar que desarrolla actividades en rubros muy diversos, que van desde servicios de limpieza y paneles solares hasta la instalación de plantas de oxígeno medicinal de alta complejidad. Esa amplitud de actividades genera interrogantes sobre la capacidad técnica especializada requerida para ejecutar proyectos estratégicos dentro del sistema de salud pública.
Las presuntas irregularidades reavivan el debate sobre los mecanismos de control en las contrataciones del IPS, especialmente en proyectos vinculados al suministro de oxígeno medicinal, considerado un servicio esencial para la atención de pacientes en hospitales y centros asistenciales. De confirmarse las observaciones, podrían derivarse investigaciones administrativas e incluso acciones para determinar eventuales responsabilidades por el manejo de los recursos destinados a fortalecer la infraestructura sanitaria.
