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La discusión por la reforma previsional volvió a dejar una herida abierta en la agenda pública. A cientos de miles de trabajadores y jubilados se les plantea aumentar años de aporte, postergar la edad de retiro o resignar beneficios, mientras en el Poder Legislativo continúa vigente un sistema jubilatorio con reglas propias y ventajas sustanciales. Desde la presidencia de la Comisión Permanente del Congreso, Colym Soroka decidió colocar ese privilegio bajo la lupa y cuestionar abiertamente la continuidad de la caja de jubilación parlamentaria.
Soroka, senador colorado y actual titular de la Comisión Permanente —órgano bicameral que asume protagonismo durante el receso parlamentario entre diciembre y finales de febrero—, ganó mayor exposición pública en las últimas semanas y utilizó ese espacio para fijar una postura que incomoda incluso a sectores de su propio partido. Su planteo es directo: si el debate nacional es revisar y reformar los sistemas jubilatorios, la política debe empezar por casa.
"Autoridad moral" como eje del discurso
En sus declaraciones con El Nacional, Soroka insistió en que la discusión previsional carece de legitimidad si el Congreso mantiene intacto su propio régimen de excepción. Para el senador, la jubilación parlamentaria se convirtió en un símbolo de desigualdad frente al esfuerzo que se exige al resto de los trabajadores del Estado y del sector privado.
La noción de "autoridad moral" atraviesa todo su discurso. Soroka sostiene que no se puede pedir sacrificios a docentes, funcionarios públicos o aportantes del sistema general mientras los legisladores conservan beneficios que les permiten jubilarse con menos años de aporte y con haberes muy superiores al promedio nacional. En ese contexto, planteó que la eliminación de la caja parlamentaria es una condición mínima para que cualquier reforma previsional sea creíble.
La caja parlamentaria bajo la lupa
El régimen jubilatorio de los legisladores nacionales está regulado por una ley específica que creó un fondo propio, separado del sistema general. Se trata de una caja cerrada, con administración y reglas particulares, que cubre a senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur.
El diseño del sistema combina aportes elevados sobre ingresos altos con requisitos de acceso considerablemente más flexibles que los del régimen común. Esa combinación es la que explica por qué, en el debate público, se la denomina "jubilación vip". No se trata solo del monto, sino del camino privilegiado para acceder al beneficio.
Requisitos y tipos de jubilación
La normativa vigente contempla distintas modalidades. La jubilación ordinaria permite retirarse a los 55 años de edad con 15 años de aportes, equivalente a 180 meses, accediendo a un beneficio que ronda el 80% de la dieta parlamentaria y los gastos de representación.
La figura más cuestionada es la jubilación extraordinaria. Con solo 10 años de aportes y la misma edad mínima, el legislador puede jubilarse con aproximadamente el 60% de su ingreso como parlamentario. Esta modalidad concentra buena parte del rechazo social, ya que contrasta de forma brutal con las exigencias del régimen general.
El sistema también prevé pensiones para sobrevivientes, que alcanzan alrededor del 40% del haber jubilatorio del legislador fallecido, extendiendo el beneficio en condiciones muy superiores a las que rigen para la mayoría de los trabajadores del país.
Aportes y déficit: el Estado como respaldo final
Los defensores del régimen suelen argumentar que los legisladores realizan aportes altos. Los parlamentarios activos aportan el 22% de su dieta y gastos de representación, mientras que los jubilados y pensionados aportan el 11% de su haber.
Sin embargo, el punto más sensible del debate no está en el porcentaje, sino en la sostenibilidad del sistema. En los últimos años, la caja parlamentaria requirió recursos presupuestarios para cubrir su déficit. Reprogramaciones y asignaciones millonarias desde el Presupuesto General del Estado reforzaron la percepción de que, pese a su carácter "autónomo", el sistema termina siendo sostenido por fondos públicos.
Para amplios sectores de la ciudadanía, este dato es clave: mientras se ajustan otros regímenes por su déficit, una caja que beneficia a una élite política recibe respaldo estatal.
Montos que explican el rechazo social
Las cifras terminan de explicar la indignación. Con la jubilación extraordinaria, un exlegislador puede percibir mensualmente más de veinte millones de guaraníes. En el caso de la jubilación ordinaria, el monto supera holgadamente los treinta millones.
Estos números colocan a la jubilación parlamentaria en la cúspide del sistema previsional, muy lejos de los haberes que perciben jubilados del régimen general tras décadas de aporte. Esa brecha es la que alimenta el reclamo de equidad y la exigencia de eliminar privilegios.
La Caja Fiscal como telón de fondo
El posicionamiento de Soroka no surge en el vacío. La reforma de la Caja Fiscal, que afecta a funcionarios públicos, docentes y otros sectores, intensificó la comparación entre regímenes. La pregunta que recorre la calle es simple: por qué el ajuste recae siempre sobre los mismos, mientras la política preserva sus beneficios.
En ese contexto, la jubilación parlamentaria se transformó en un símbolo. No es solo un debate técnico, sino un problema de coherencia institucional. Para Soroka, mantener ese privilegio debilita cualquier intento serio de reforma estructural del sistema previsional.
La propuesta de Raúl Benítez
En paralelo al discurso del presidente de la Comisión Permanente, el diputado Raúl Benítez presentó un proyecto de ley que propone la eliminación total de la caja jubilatoria parlamentaria. La iniciativa plantea la derogación del régimen vigente y sostiene que los legisladores no deben contar con un sistema previsional diferenciado.
El proyecto no tiene efecto retroactivo: los actuales jubilados conservarían sus derechos, pero se cerraría definitivamente el acceso al sistema para futuros legisladores. Además, abre el debate sobre la incorporación de diputados y senadores al régimen general, bajo las mismas reglas que rigen para el resto de los trabajadores.
Coincidencias y diferencias
Soroka y Benítez coinciden en el diagnóstico central: no se puede exigir sacrificios a la ciudadanía mientras el Congreso conserva un régimen jubilatorio de excepción. Ambos colocan la discusión en el terreno de la equidad y la credibilidad política.
La diferencia aparece en el camino. Mientras Benítez impulsa una eliminación directa y sin matices, Soroka administra su discurso desde una posición institucional que lo obliga a convivir con sectores que prefieren reformas parciales antes que la supresión total del sistema. Aun así, su mensaje marca un quiebre poco habitual: por primera vez, un presidente de la Comisión Permanente pone el foco en el privilegio parlamentario como condición para cualquier reforma previsional.
El dilema que queda planteado
El debate está abierto y ya no se limita a los números. La jubilación parlamentaria se convirtió en una prueba de coherencia para la clase política. O el Congreso avanza en desactivar su propio régimen de privilegio, o cada intento de reformar la Caja Fiscal seguirá chocando contra la misma desconfianza social.
Soroka puso el tema sobre la mesa con una frase que resume el momento político: si se van a tocar las cajas, la primera debe ser la de los legisladores. Lo que ocurra a partir de ahora marcará hasta dónde está dispuesta la política a ajustarse a sí misma antes de pedirle más al resto del país.
