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A pocos meses de que el presidente Santiago Peña cumpla tres años de gestión, referentes del sector sanitario advierten que el sistema público atraviesa uno de sus peores momentos, marcado por la falta de medicamentos, deudas con proveedores y hospitales que operan en condiciones precarias.
La crisis en la salud pública se profundiza y ya no solo se refleja en estadísticas o reclamos aislados, sino en un creciente coro de voces provenientes del propio sistema. Médicos, ex autoridades sanitarias y dirigentes gremiales coinciden en que la situación ha llegado a un punto crítico, con fallas estructurales que afectan directamente a los pacientes y limitan la capacidad de respuesta del Estado.
Uno de los cuestionamientos más duros provino del ex ministro de Salud, Carlos Morínigo, quien responsabilizó directamente al presidente Santiago Peña por el deterioro del sistema. El profesional expresó su frustración ante la imposibilidad de brindar respuestas a los pacientes por la falta de insumos básicos y medicamentos, señalando que la situación actual representa una profunda decepción respecto a las expectativas generadas al inicio del actual gobierno.
Morínigo describió escenas cotidianas en los hospitales públicos donde pacientes acuden con recetas en mano, pero no encuentran los medicamentos necesarios, lo que genera un desgaste emocional tanto en los enfermos como en los profesionales de blanco. A su criterio, el mandatario no puede alegar desconocimiento, ya que cuenta con información suficiente sobre las carencias del sistema.
Faltantes críticos y sistema al límite
Los problemas de abastecimiento son uno de los ejes más preocupantes. Informes recientes revelan que más de un centenar de medicamentos esenciales se encuentran sin stock en la red pública, afectando principalmente a pacientes con enfermedades graves como cáncer, patologías cardiovasculares y dolencias crónicas.
La situación no es aislada y responde, en gran medida, a una deuda acumulada del Estado con proveedores de fármacos e insumos médicos. Esta obligación millonaria ha generado retrasos en las entregas y restricciones en la provisión, dejando a hospitales y centros de salud prácticamente desabastecidos. En varios casos, la reposición de medicamentos depende de procesos administrativos lentos y vulnerables a impugnaciones o fallas en las licitaciones.
Desde el propio Gobierno se reconoce que la normalización del suministro podría tardar varios meses, siempre que no surjan nuevos inconvenientes en los procesos de compra o en la disponibilidad del mercado internacional.
Hospitales sin recursos y atención en condiciones precarias
A la falta de medicamentos se suma el deterioro de la infraestructura hospitalaria. Denuncias recientes exponen procedimientos médicos realizados en condiciones inadecuadas, con pacientes intervenidos en espacios improvisados ante la carencia de camas, equipamientos y mobiliario adecuado.
Profesionales de la salud advierten que en algunos centros asistenciales incluso se registran dificultades para realizar cirugías básicas por la falta de insumos quirúrgicos esenciales. En hospitales públicos, la escasez de materiales obliga a postergar procedimientos o a realizarlos en condiciones que comprometen la seguridad del paciente.
Asimismo, la falta de ambulancias en condiciones óptimas y la carencia de personal suficiente agravan aún más la crisis, especialmente en zonas del interior del país, donde el acceso a servicios especializados es aún más limitado.
Derivaciones al exterior y especialidades colapsadas
Otro indicador del deterioro del sistema es la necesidad creciente de derivar pacientes al exterior para tratamientos de alta complejidad. Actualmente, áreas como trasplantes hepáticos y ciertos procedimientos cardiovasculares no se realizan con regularidad en el país, obligando a las familias a buscar alternativas en el extranjero.
Esta situación no solo implica un alto costo económico, sino también evidencia la falta de desarrollo y planificación en especialidades clave dentro del sistema sanitario nacional.
Gremios denuncian descoordinación e injerencia política
Desde el sector gremial, también se advierten problemas de gestión. Representantes médicos señalan una falta de articulación entre el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social, lo que genera vacíos en la atención cuando una de las instituciones no logra dar respuesta.
A esto se suma la denuncia de una fuerte injerencia política en la designación de cargos dentro del sistema, lo que, según los profesionales, afecta la calidad de la gestión y limita la implementación de soluciones técnicas a problemas estructurales.
Tres años de gestión sin resultados visibles
Con el calendario político avanzando y el tercer año de mandato a la vuelta de la esquina, crecen las críticas hacia la falta de cambios profundos en el área de salud. Pese a la gravedad de la situación, los movimientos dentro del gabinete han sido mínimos y no han logrado revertir el deterioro del sistema.
La administración encabezada por la ministra María Teresa Barán enfrenta cuestionamientos cada vez más fuertes, en un contexto donde la ciudadanía percibe un empeoramiento de los servicios y una ausencia de respuestas concretas.
Mientras tanto, en los hospitales públicos, la crisis se traduce en largas esperas, tratamientos interrumpidos y profesionales que deben enfrentar diariamente el dilema de atender sin recursos suficientes. La salud pública, lejos de mejorar, se consolida como uno de los puntos más críticos de la actual gestión.
