Masivo traslado de reos busca descongestionar penal de Ciudad del Este y reforzar la seguridad carcelaria
Un operativo de gran envergadura denominado Umbral se desarrolla desde este miércoles en el este del país, con el traslado de alrededor de 500 internos desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este al recién habilitado centro penitenciario de Minga Guazú. El procedimiento forma parte del plan de descongestión carcelaria impulsado por el Gobierno nacional y cuenta con un importante despliegue de seguridad, respaldado por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, informó en conferencia de prensa que el nuevo penal se encuentra habilitado en casi un 100 % y dispone del personal necesario para su operatividad. "Tenemos la tecnología, tenemos la infraestructura, y por sobre todo, el acompañamiento de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares", afirmó.
Según el titular de Justicia, este proceso de traslado se enmarca dentro de un plan de reorganización del sistema penitenciario paraguayo, que apunta no solo a mejorar las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad (PPL), sino también a reforzar la seguridad ciudadana. "Todo es para positivo, para bien. Hay un gran esfuerzo del Gobierno, una gran inversión, que tiene que ver con el componente principal de seguridad para la ciudadanía", expresó.
Actualmente, la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este alberga a más de 1.500 internos, lo que representa una carga significativa para su infraestructura. Con la transferencia progresiva de reclusos al nuevo penal, se busca reducir el hacinamiento y facilitar una gestión más eficiente y segura del sistema penitenciario.
Nicora no descartó que más internos sean trasladados en los próximos días, aunque evitó confirmar si se tratará de la totalidad. "Apuntamos justamente a un compromiso del Gobierno que estamos queriendo llevar adelante y tener buenos resultados", concluyó.
El nuevo penal de Minga Guazú es considerado una infraestructura clave dentro del proyecto de modernización penitenciaria del Estado paraguayo, que ha sido blanco de críticas por la falta de control, hacinamiento y violencia en las cárceles del país. Con este paso, el Gobierno busca marcar un cambio en la política penitenciaria, enfocándose en la seguridad, el respeto a los derechos humanos y la eficiencia institucional.