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El trámite judicial se desarrolló en un tribunal federal de Virginia, bajo la conducción del juez Rossie D. Alston Jr., quien notificó formalmente al acusado sobre los delitos que pesan en su contra. En esa misma audiencia, el fiscal Anthony T. Aminoff, integrante de la unidad especializada en narcóticos y lavado de activos, acompañó el pedido de aplazamiento presentado por la defensa.
La decisión de renunciar a un juicio rápido no es menor: abre la puerta a una estrategia más prolongada, pero también a un escenario judicial más complejo. El propio magistrado advirtió que, en caso de ser hallado culpable por conspiración para lavar dinero, Marset podría enfrentar hasta dos décadas de prisión, además de un periodo de libertad supervisada posterior a la condena y sanciones económicas que superarían el medio millón de dólares.
El panorama podría endurecerse todavía más. Desde el Ministerio Público norteamericano dejaron entrever que no se descarta la incorporación de nuevos cargos en las próximas semanas, lo que incrementaría la presión sobre el acusado y ampliaría el alcance de la investigación.
La causa tiene su origen en una operación internacional que terminó con la captura de Marset a mediados de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tras su detención en un operativo de gran escala, fue expulsado de ese país por su ingreso irregular y entregado a agentes federales estadounidenses, que lo trasladaron para enfrentar cargos formulados ya en 2025.
Con el nuevo calendario judicial en marcha, el caso entra en una etapa clave. La audiencia prevista para mayo será determinante no solo para definir el rumbo del proceso, sino también para conocer si la Fiscalía avanza con nuevas imputaciones que podrían agravar significativamente la situación del uruguayo en territorio estadounidense.
