Licitación de máquinas electorales se reanudará
El organismo estatal dio lugar parcialmente a la protesta presentada por tres empresas, admitiendo 11 de los 35 puntos cuestionados en el proceso.
A raíz de esa resolución, el TSJE ajustó su Pliego de Bases y Condiciones (PBC) el lunes y formalizó la presentación de una adenda este martes. Con ello, el plazo para que los oferentes revisen las modificaciones se extenderá por cuatro días hábiles a partir de este miércoles. Si no surgen nuevas protestas, la apertura de sobres podría concretarse desde el martes 18 de noviembre.
El proceso de contratación, identificado como ID 476.307, corresponde al "Arrendamiento de máquinas de votación electrónica y servicios conexos" para las elecciones internas y municipales del 2026, previstas para junio y octubre. La inversión total estimada asciende a unos G. 240.000 millones.
Las firmas que habían protestado son Myru Systems, Bypar SA y Smartline. El director de financiamiento político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, confirmó que se cumplieron los requerimientos técnicos exigidos por la DNCP para avanzar con el proceso.
Entre los principales ajustes al PBC figuran la flexibilización de las exigencias para los oferentes. Por ejemplo, ya no se obliga a acreditar ser fabricante de las máquinas, sino que se podrá declarar tal condición bajo juramento. También se redujo la experiencia mínima requerida de los proveedores: de haber vendido o alquilado el 40% del total de equipos licitados (7.200 unidades), el umbral bajó al 30% (5.400).
Otra modificación reduce de tres a dos el número mínimo de procesos electorales en los que los oferentes debieron participar. Además, la experiencia del gerente de proyecto pasó de 10 a 8 años, y la distancia permitida para el depósito de las máquinas se amplió de 20 a 30 kilómetros de la sede del TSJE en Asunción.
La actual licitación se da tras la presión ejercida desde el Senado, que en agosto aprobó un proyecto de declaración instando al TSJE a desistir de la compra de 28.000 máquinas nuevas por USD 93 millones y optar nuevamente por el arrendamiento. Apenas dos días después, el tribunal electoral canceló aquella compra.
La decisión parlamentaria reflejó la preocupación de sectores tanto oficialistas como opositores sobre la transparencia y confiabilidad del sistema de voto electrónico, lo que llevó al TSJE a reformular su estrategia de adquisición de equipos para los próximos comicios municipales.