Ley de integridad y prevención de la corrupción no resuelve conflictos, advierte senador
Luego de que el presidente de la República, Santiago Peña, haya promulgado la Ley que establece el Régimen Nacional de Integridad Pública, Transparencia y Prevención de la Corrupción, una iniciativa clara, según el Ejecutivo, para lograr una administración pública más honesta. El senador, Rafael Filizzola, asegura, que la Ley no resuelve el conflicto entre la Contraloría General de la República (CGR) y el Tribunal de Cuentas, que constituye el principal menoscabo a las competencias del órgano contralor.
“Recordemos que el Ejecutivo vetó la ley de conflictos de intereses sancionada por la legislatura anterior (como si esto fuera poco, escondió el decreto por varios días, violando las reglas de publicidad) y en el Congreso se terminó matando la norma que sí resolvía este problema, con la promesa de presentar esta Ley de Integridad, que finalmente ni se ocupa del puente del control a la CGR por parte del Tribunal de Cuentas”, agregó.
Esta Ley crea el Consejo Nacional Anticorrupción y fusiona la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) con la Contraloría General de la República (CGR). “Existe un claro desequilibrio entre los poderes del Estado, dando preeminencia en forma inconstitucional al Ejecutivo”, advirtió el legislador.
Asimismo, mencionó que este Consejo será copresidido por el contralor general y el representante del Ejecutivo. “Con esto, un órgano constitucionalmente extra poder y autónomo se subordina a los poderes del Estado, principalmente al Ejecutivo. A la tensión entre la CGR y Tribunal de Cuenta, se suma esta nueva instancia que disminuye incluso más su eficacia institucional”, alertó nuevamente Filizzola.
Ante esto, señaló que, en síntesis, “se trata de una ley redactada deficientemente que no resuelve el principal problema institucional de la CRG y genera otros nuevos, por lo que no contribuye en nada a mejorar la lucha contra la corrupción en Paraguay”, lamentó.