PolíticaProyecto "Anticoncertación"
Un proyecto de ley promovido por el oficialismo colorado, liderado por el diputado José Rodríguez (ANR-HC), se encamina a restringir severamente el uso del padrón nacional por parte de las alianzas y concertaciones políticas de oposición. Ese instrumento público, el Registro Cívico Permanente (RCP), podría quedar vetado en las internas opositoras. El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, fue aprobado con modificaciones en el Senado, y tras su retorno ya está previsto que reciba sanción definitiva en la Cámara Baja durante la próxima sesión
¿En qué consiste la propuesta?
La norma modifica la Ley 3212/2007, estableciendo que:
Solo pueden votar en internas de concertaciones los afiliados a los partidos o movimientos que integran la alianza.
Las concertaciones deben construir y usar su propio padrón electoral, excluyendo el padrón nacional del TSJE.
Adicionalmente, se prohíbe que partidos o movimientos presenten candidaturas fuera del marco de la concertación.
La Cámara Alta ratificó la propuesta el 2 de abril de 2025 con 25 votos favorables, mayoría colorada y aliados, tras la retirada de la bancada opositora del recinto. El dictamen fue calificado por legisladores oficialistas como una corrección de lagunas legales; según el senador Derlis Maidana, responde al principio de que los padrones son propiedad de cada agrupación política.
El avance del trámite legislativo
Marzo 2025: La comisión de Legislación del Senado aprueba en mayoría el proyecto, sin dictamen jurídico del TSJE, lo que levanta fuertes críticas de la oposición. El senador Eduardo Nakayama advierte que el proyecto supone un "atentado al sistema electoral" y a la esencia del sufragio democrático, incluso alertando a la comunidad internacional.
Abril 2025: El pleno del Senado aprueba las modificaciones, y el proyecto vuelve nuevamente a Diputados.
Mayo‑junio 2025: La Cámara de Diputados agenda el proyecto para votación final, con posibilidad de sanción formal en breve.
Desde la oposición se alza una firme resistencia:
Eduardo Nakayama (senador independiente) califica el proyecto como "un ataque directo al corazón mismo de la democracia" y denuncia que se legitima con un dictamen parcial del TSJE, entregado por su presidente), a pesar del rechazo mayoritario de los otros dos ministros de la entidad electoral.
Celeste Amarilla (senadora PLRA) declaró que el padrón nacional es una base de datos pública de libre acceso, y rechazó cualquier pretensión de apropiación partidaria sobre él.
Senadores Rafael Filizzola y Yolanda Paredes (oposición) también denunciaron que se están violando principios electorales y constitucionales al cercenar el uso del padrón nacional por parte de las concertaciones.
Los opositores advierten que, de aprobarse, se profundizará el control monopólico del poder político ejercido por el Partido Colorado, que mantiene su hegemonía en el país desde hace más de 70 años. Las concertaciones, presentadas como la única herramienta eficaz para un impulso opositor coherente y competitivo frente al poder colorado, estarían en la práctica ahogadas en su capacidad organizativa y electoral.
¿Por qué es una amenaza?
1. Exclusión ciudadana: millones de afiliados o simpatizantes opositores que no forman parte de los partidos formales quedarían excluidos de las internas, debilitando la legitimidad y alcance ciudadano de las concertaciones.
2. Democratización ficticia: exigir que cada coalición construya su propio padrón obliga a un nivel de trabajo preliminar logísticamente casi inviable, mientras el Partido Colorado mantiene acceso directo al padrón nacional, con más de 2,6 millones de afiliados registrados.
3. Concentración de poder electoral: impedir candidaturas fuera de la concertación limita la pluralidad interna y fortalece mecanismos de poder controlado.
4. Falta de dictamen jurídico formal del TSJE: el uso de una evaluación técnica parcial, en contradicción con el voto mayoritario del tribunal, muestra un sesgo institucional a favor del oficialismo.
Estrategia de exclusión
El Partido Colorado intenta imponer, a través de esta ley, un cerco legal a las concertaciones opositoras. Lo que se presenta como un mecanismo de "igualdad de condiciones", en realidad responde a una estrategia deliberada de concentración y exclusión ciudadana. La oposición alerta que esta iniciativa compromete el derecho al sufragio, entorpece la construcción democrática de consensos y empuja al país hacia un modelo electoral cada vez más autoritario.
Si se sanciona esta ley, quedará demostrado que la única herramienta con que cuenta la oposición -la concertación política ciudadana- puede ser aniquilada por vías legislativas, consolidando un modelo de control político que amenaza con perpetuar la dominación del Partido Colorado en escenarios electorales futuros.
