Legisladores presionan para eliminar cobros por uso de baños en escuelas públicas
La iniciativa surgió luego de una intervención de legisladores de las comisiones de Niñez y Adolescencia y de Derechos Humanos, quienes constataron en una escuela de San Antonio la existencia de pagos exigidos a alumnos para acceder a los baños. A partir de ese episodio, comenzaron a multiplicarse reportes similares en otros centros educativos.
El pronunciamiento parlamentario solicita al MEC adoptar medidas urgentes para impedir este tipo de prácticas, señalando que el acceso a servicios sanitarios forma parte de derechos básicos vinculados a la educación y la salud, por lo que no puede estar condicionado a ningún tipo de pago.
Además, se plantea la necesidad de realizar un control a nivel nacional sobre el uso de los recursos destinados a limpieza y mantenimiento dentro de las instituciones, con el objetivo de garantizar que esos fondos cubran adecuadamente el funcionamiento de los sanitarios sin trasladar costos a los estudiantes.
El documento también apunta a las responsabilidades de directivos y supervisores, advirtiendo que limitar el acceso a estos servicios puede derivar en consecuencias administrativas e incluso legales, al tratarse de un derecho esencial.
Otro de los pedidos es la creación de mecanismos de denuncia accesibles y seguros, que permitan a la comunidad educativa reportar irregularidades sin temor a represalias, en un contexto donde muchas situaciones no salen a la luz por falta de canales adecuados.
El caso que detonó la reacción legislativa involucró a una estudiante que, según denuncias, no pudo utilizar el baño por no contar con el dinero requerido, lo que provocó una fuerte reacción social.
Desde la institución educativa señalada, las autoridades indicaron que el cobro no formaría parte de una política oficial, sino que habría sido promovido por la asociación de padres como una contribución para el mantenimiento, con montos que variaban entre pequeñas sumas.
Sin embargo, legisladores sostienen que más allá del origen de la medida, cualquier condicionamiento económico para el acceso a sanitarios resulta inadmisible, por lo que consideran imprescindible una intervención clara del Estado para erradicar estas prácticas en todo el sistema educativo.