PolíticaJorge Brítez
Las críticas a su gestión derivaron en el anuncio de un eventual pedido de interpelación y hasta en el análisis de un posible juicio político.
Durante su exposición, Brítez defendió su trayectoria profesional y su situación patrimonial, asegurando que las denuncias responden a una persecución política. Sus declaraciones no hicieron más que tensar el ambiente, especialmente entre legisladores opositores que lo acusan de encubrir irregularidades en la administración del ente.
El diputado independiente Rubén Rubin abandonó la sala visiblemente molesto y calificó la situación interna del IPS como "un carnaval", sosteniendo que el problema no es administrativo ni financiero, sino de corrupción. Adelantó que trabaja con su equipo jurídico para evaluar la viabilidad de un juicio político y que impulsará un debate sobre la interpelación del titular y su equipo.
También el senador Líder Amarilla lanzó duras críticas contra la conducción actual y contra el partido de gobierno, señalando que históricamente la previsional fue utilizada como "vaca lechera" política. Sus palabras generaron un intercambio con el senador Colym Soroka, quien ofició de moderador de la reunión y calificó el encuentro como una "casi interpelación". Desde el oficialismo, Soroka planteó la creación de una comisión bicameral para revisar la Carta Orgánica del IPS y buscar soluciones estructurales, incluyendo la recuperación de unos USD 600 millones que el Estado adeudaría en concepto de aportes.
Brítez, por su parte, admitió que el sistema enfrenta serias limitaciones y mencionó la necesidad de discutir eventuales ajustes, como elevar aportes o redefinir beneficios, argumentando que el actual esquema genera desequilibrios cuando un cotizante con salario mínimo debe cubrir a numerosos familiares. También destacó el respaldo del presidente Santiago Peña a su gestión.
La diputada Rocío Vallejo, quien promovió la convocatoria, enumeró una serie de denuncias recibidas sobre falta de medicamentos, deficiencias en la atención, equipos fuera de servicio y deterioro de infraestructura. Anunció que dejará de limitarse a pedidos de informes y que acudirá personalmente a las oficinas administrativas del IPS para exigir respuestas directas sobre contratos de arrendamiento, manejo de inmuebles y presuntas "cajas paralelas".
Otro foco de controversia gira en torno al asesor jurídico José González Maldonado, cuyo patrimonio creció de G. 276 millones en septiembre de 2023 a G. 870 millones en febrero de 2025, según sus declaraciones juradas. El funcionario atribuyó el incremento al cobro de honorarios derivados de litigios ganados para la institución, amparado —según explicó— en la normativa vigente que permite a asesores jurídicos justipreciar honorarios en determinados casos. Aseguró que los pagos no provinieron de fondos del IPS, sino de acuerdos judiciales con empresas, y que cumplió con todas las obligaciones fiscales correspondientes. La Contraloría General de la República abrió un examen de correspondencia para analizar el caso.
En el tramo final de la reunión, Brítez se refirió a la muerte de un asegurado que aguardaba un procedimiento médico, expresó condolencias a la familia y atribuyó las demoras a la burocracia estatal y a los procesos licitatorios que retrasan el mantenimiento de equipos. Reconoció la crisis que atraviesa la previsional, pero sostuvo que la salida debe ser institucional y no meramente política.
Mientras el oficialismo insiste en una revisión estructural mediante una comisión parlamentaria, la oposición acelera los mecanismos de control. El IPS, golpeado por denuncias y por una creciente desconfianza ciudadana ante la falta de medicamentos y servicios, enfrenta así una nueva etapa de presión política que podría derivar en una interpelación formal en los próximos días.
