La vieja práctica que no cambia: funcionarios siguen utilizando recursos públicos sin sanciones
El reconocimiento público del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, de haber utilizado una camioneta Audi Q3, con chapa LGG015, de la institución para actividades personales, como utilizar un chofer de la institución a su cargo y la camioneta para trasladar a un estudiante, reabrió el debate sobre el uso indebido de bienes del Estado.
La práctica, aunque sancionada por ley, continúa siendo tolerada en la administración pública paraguaya, donde los controles son escasos y las sanciones, excepcionales.
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) confirmó que el vehículo en cuestión es una camioneta de alta gama entregada al MUVH bajo la figura de uso provisional, un mecanismo que permite a las instituciones públicas utilizar temporalmente bienes incautados con el fin de evitar su deterioro.
El vocero de la Senabico, Santiago Arza, explicó que el organismo ya remitió notas al ministerio para solicitar informes sobre el uso del vehículo.
"Esperamos el descargo del MUVH y, una vez reunidos todos los elementos, evaluaremos si hubo incumplimiento del acuerdo", señaló Arza en comunicación con una radio local.
Cada vehículo cedido por Senabico está amparado en un convenio firmado entre las máximas autoridades de ambas instituciones, que establece condiciones específicas: contratar un seguro, informar mantenimientos realizados y restringir el uso a fines institucionales.
"La responsabilidad recae sobre la institución beneficiada. Si se incumple el convenio, se pueden aplicar medidas como la devolución del bien o exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas", detalló el vocero.
Limitaciones para el control
Arza reconoció además que Senabico enfrenta serias limitaciones para controlar el uso de los bienes cedidos.
"Somos poco más de 50 funcionarios para hacer seguimiento de 255 vehículos. Hacemos controles anuales mediante pedidos de informes, pero un monitoreo en tiempo real es prácticamente imposible", admitió.
De los más de 255 vehículos actualmente cedidos por Senabico, el 90% está en manos de organismos vinculados a la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado. Sin embargo, el caso Baruja evidencia que incluso en el ámbito civil, los bienes públicos continúan siendo utilizados sin apego a las normas ni consecuencias para los responsables.
Qué dice la ley
El artículo 6° del Código Penal paraguayo establece claramente el delito de peculado por uso indebido. La norma dispone que:
El funcionario que indebidamente y en beneficio propio o de un tercero, use o permita a otro el uso de bienes del Estado, será castigado con pena de multa. La misma pena se aplicará al funcionario que utilice ilegítimamente, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por el Estado.
Pese a la existencia de esta disposición legal, en la práctica no se registran sanciones conocidas contra funcionarios que admiten o son señalados por usar bienes públicos para fines personales. La falta de controles y sanciones efectivas mantiene viva una costumbre que parece resistir al paso del tiempo y al cambio de gobiernos.