La medida alcanza a facultades, institutos y centros dependientes de la casa de estudios y fue adoptada por amplia mayoría en el Consejo Superior Universitario.
La decisión se tomó tras un pedido formal de la Unión de Gremios y Sindicatos de Profesores de la UNA, que propuso un paro total para acompañar la jornada legislativa convocada por la Comisión Permanente del Congreso. El estamento docente sostiene que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo pone en riesgo el régimen jubilatorio del sector universitario y afecta tanto a los actuales profesores como a las futuras generaciones.
Desde el rectorado indicaron que la suspensión de actividades no implicará el cierre absoluto de la institución, ya que se garantizarán los servicios asistenciales y aquellos considerados imprescindibles. Cada decano o decana deberá definir qué áreas continuarán operativas durante la jornada de paro, de acuerdo con la naturaleza de cada dependencia.
El gremio docente afirmó que, en paralelo a la medida de fuerza, viene desarrollando gestiones políticas y técnicas para incidir en el debate legislativo. Entre ellas mencionan la instalación de una mesa técnica de trabajo y la presentación de una contrapropuesta ante el Congreso, con el objetivo de resguardar derechos adquiridos y evitar cambios que consideran regresivos en el sistema previsional.
La resolución del Consejo Superior Universitario se suma a otras reacciones institucionales frente al acelerado estudio de la reforma, que ya generó cuestionamientos desde distintos sectores del Estado y de los trabajadores públicos, en un contexto de creciente tensión política alrededor del futuro de la Caja Fiscal.