La jubilación parlamentaria divide al Congreso
En medio de la discusión pública por los privilegios, la mayoría de las voces parlamentarias se inclina por cambios graduales antes que por una supresión total del sistema.
La iniciativa más radical fue impulsada por el diputado Raúl Benítez, quien propone derogar la ley que creó la Caja de Jubilaciones del Poder Legislativo. Su planteamiento se basa en que los legisladores no mantienen una relación laboral de dependencia, ya que perciben una dieta y ejercen un mandato de representación popular, por lo que —según sostiene— no corresponde un régimen previsional diferenciado. La propuesta, sin embargo, no logró arrastrar apoyos transversales y quedó aislada incluso dentro de sectores opositores.
Desde una posición crítica pero menos extrema, la senadora Esperanza Martínez coincidió en que el sistema actual debe ser revisado, aunque cuestionó la existencia de regímenes cerrados. Afirmó que los aportes jubilatorios deberían acumularse a lo largo de toda la vida laboral de las personas, sin importar los cargos o sectores en los que se desempeñen, y advirtió que las "cajas pequeñas" terminan siendo desiguales y, en muchos casos, financieramente insostenibles. Para la legisladora, la salida pasa por un esquema único, con cobertura amplia y reglas claras.
En la misma línea de revisión sin ruptura total, el senador liberal Éver Villalba sostuvo que es saludable discutir los privilegios y avanzar hacia un sistema previsional más justo y transparente, en el que los legisladores no queden al margen de los sacrificios que se exigen a la ciudadanía. No obstante, advirtió que el debate no puede ser aislado ni oportunista, sino parte de una reforma integral que contemple las profundas desigualdades entre sectores y la situación de miles de trabajadores que hoy están fuera del sistema. Villalba también remarcó que cualquier modificación debe respetar la Constitución y los derechos adquiridos, y cuestionó que la reforma de la Caja Fiscal impulsada por el Ejecutivo tenga un sesgo regresivo.
Desde el oficialismo, el titular del Congreso, Basilio Bachi Núñez, fue uno de los más duros con la idea de eliminar la Caja Parlamentaria. Recordó que en la Cámara de Diputados ya se encuentra en estudio un proyecto alternativo que plantea elevar el aporte al 24% y fijar la edad de jubilación en 65 años. Al referirse a la propuesta de eliminación, condicionó cualquier respaldo a que se revisen casos de exlegisladores que —según afirmó— aportaron durante periodos mínimos y luego percibieron montos millonarios, planteando incluso la devolución de esos beneficios como requisito previo.
Núñez también deslizó una salida intermedia para descomprimir el rechazo social: transformar la Caja Parlamentaria en una entidad de carácter privado y prohibir expresamente cualquier transferencia de fondos estatales. A su criterio, esa medida permitiría cortar el vínculo directo con el presupuesto público sin desmantelar el sistema.
Así, la discusión sobre la jubilación vip expone una tensión conocida en el Congreso: el reconocimiento de que el régimen actual es difícil de defender frente a la opinión pública, pero también la resistencia a una eliminación total que podría abrir conflictos legales y políticos. Entre la presión social y el cálculo parlamentario, la jubilación de los legisladores se encamina a una reforma negociada, lejos —al menos por ahora— de una supresión definitiva.