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La Corte Suprema anuló el sobreseimiento que había frenado el proceso contra el senador colorado con permiso y ordenó que enfrente juicio oral por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso. El fallo reabre el caso que el oficialismo intentó contener con un permiso indefinido, mientras crece la presión política, jurídica y gremial para que el Senado deje de sostenerlo.
El blindaje ya no alcanza
El caso Hernán Rivas volvió este jueves al centro de la tormenta política y judicial. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló el sobreseimiento definitivo que había beneficiado al senador colorado con permiso y dispuso que enfrente juicio oral y público por el escándalo de su presunto título falso de abogado. La decisión golpea de lleno la estrategia política que hasta ahora permitió mantenerlo fuera de la banca, pero no fuera del Senado, mediante un permiso sine die aprobado con apoyo del cartismo.
La resolución deja sin efecto las decisiones del Tribunal de Apelación que habían declarado la prescripción de la causa y cerrado el expediente antes de que el caso pudiera llegar al debate oral. Con el nuevo fallo, Rivas deberá responder por dos hechos punibles: producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
La Corte corrige el cierre del caso
La Sala Penal hizo lugar al recurso extraordinario de casación presentado por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero. El órgano estuvo integrado por los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes, además del camarista Arnaldo Fleitas, quien reemplazó al ministro Manuel Ramírez Candia, apartado por haber coincidido con Rivas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El fallo anuló los autos interlocutorios que habían cerrado el proceso y también revocó parcialmente la decisión del juez Miguel Ángel Palacios, quien había aceptado la prescripción sobre parte de los hechos. Para la Corte, no existía obstáculo para que el caso sea discutido en juicio, porque los hechos remitidos al debate son los mismos que fueron incluidos en la acusación fiscal.
El punto central es que la discusión ya no queda reducida a una maniobra procesal sobre plazos. La Corte señaló que el juicio oral debe analizar los hechos atribuidos a Rivas y no solamente las calificaciones jurídicas utilizadas durante el trámite. En otras palabras, el caso vuelve al terreno donde deberá probarse si el senador usó documentos de contenido falso para presentarse como abogado y acceder a espacios institucionales de enorme peso.
Tres documentos bajo sospecha
La acusación sostiene que Rivas habría declarado falsamente su condición de abogado y que esa declaración derivó en la generación de documentos públicos. Entre ellos aparecen la resolución de Diputados que lo designó como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la resolución del Senado que también lo ubicó como representante ante ese órgano y la matrícula de abogado obtenida ante la Corte Suprema.
El caso no es menor: Rivas no solo ocupó una banca en el Senado, sino que llegó a integrar el órgano encargado de juzgar a jueces y fiscales. Esa trayectoria vuelve más grave el trasfondo institucional del expediente, porque el debate ya no gira únicamente en torno a un título universitario, sino sobre cómo una persona cuestionada por sus credenciales pudo acceder a una instancia clave del sistema de justicia.
El permiso indefinido como salida política
Antes de este revés judicial, el cartismo había impulsado una salida política: aceptar el pedido de permiso por tiempo indefinido y sin goce de sueldo presentado por Rivas. La solicitud fue anunciada tras una reunión de la bancada de Honor Colorado en Mburuvicha Róga, con participación del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana.
El argumento formal fue que el legislador necesitaba apartarse para ejercer su defensa. Sin embargo, el movimiento fue leído por sectores opositores y disidentes como una maniobra para evitar una pérdida de investidura. El Senado terminó aprobando el permiso con 23 votos a favor, 19 en contra y una abstención, en una sesión marcada por cuestionamientos sobre la legalidad y conveniencia política de esa figura.
La oposición ahora vuelve a mirar al Senado
La decisión de la Corte reaviva la presión sobre la Cámara Alta. La oposición busca avanzar con la pérdida de investidura, pero hasta este jueves todavía no contaba con los votos necesarios para remover a Rivas. El senador liberal Éver Villalba sostuvo que, al menos por ahora, no hay números suficientes para avanzar contra el legislador colorado, debido a la falta de acompañamiento del oficialismo.
Villalba planteó que el Senado debe ir "paso a paso" y que existen condiciones más claras para tratar primero el caso de Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel. Sin embargo, también sostuvo que Rivas debió haber sido apartado hace tiempo por razones de ética y decoro parlamentario.
Abogados piden cancelar la matrícula
El Colegio de Abogados del Paraguay también había pedido a la Corte la cancelación de la matrícula profesional de Rivas. El gremio expresó preocupación por el impacto del caso en el principio de igualdad ante la ley y remarcó que la participación de representantes del Congreso en el Jurado de Enjuiciamiento exige una irreprochabilidad pública superior a los requisitos formales del cargo.
La organización aclaró que la responsabilidad penal debe determinarse en juicio, pero cuestionó con dureza el razonamiento que había llevado al sobreseimiento del senador. También repudió cualquier forma de presión o intimidación contra operadores de justicia, en referencia a las denuncias de amenazas contra la fiscala que intervino en la causa.
Una causa que ya no puede esconderse
El fallo de la Corte cambia el tablero. Rivas ya no está solamente bajo sospecha política ni bajo una discusión pública sobre la legitimidad de su título. Ahora queda nuevamente encaminado hacia un juicio oral y público, donde deberán debatirse las pruebas, los documentos, las inconsistencias señaladas por la Fiscalía y el uso que habría dado a esas credenciales.
La situación también deja expuesto al oficialismo. Durante semanas, el cartismo apostó por sostenerlo con el argumento de la presunción de inocencia y por apartarlo temporalmente sin avanzar hacia una sanción política definitiva. Pero la decisión de la Corte vuelve más difícil separar el expediente judicial del costo institucional que arrastra el Senado.
El caso Rivas resume una crisis de confianza más amplia: un senador acusado por un presunto título falso, un exrepresentante ante el órgano que juzga magistrados, una matrícula profesional bajo cuestionamiento, un permiso indefinido aprobado en medio de críticas y ahora una orden de juicio oral que reactiva todo el expediente.
El desenlace ya no depende solo del discurso político. La Corte devolvió el caso al terreno del debate público y judicial. Y con eso, el Senado queda otra vez frente a la misma pregunta que intentó esquivar con un permiso: si puede seguir protegiendo políticamente a un legislador que ahora deberá sentarse en el banquillo por el caso que puso en duda su condición de abogado.
