Justicia blinda registros de visitas a Mburuvicha Róga y rechaza pedido de acceso público
Un Juzgado Penal de Sentencia rechazó una acción de amparo que buscaba liberar las planillas de visitas, los protocolos de seguridad y otros datos sensibles relacionados con Mburuvicha Róga, en una decisión que vuelve a encender el debate sobre los límites entre la transparencia y la reserva por razones de seguridad.
La resolución, identificada como Sentencia Definitiva N° 254 y dictada el 5 de diciembre, desestimó el recurso presentado por Hugo Javier Portillo Sosa, que tenía como objetivo acceder a información considerada de interés público. El amparo estaba dirigido contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Gabinete Civil de la Presidencia, instituciones que previamente ya habían negado la entrega de los documentos solicitados.
Entre la información requerida figuraban las planillas completas de ingreso y egreso de visitantes a la residencia presidencial, los datos de identificación de las personas que acudieron al lugar, los motivos de sus visitas y el tiempo de permanencia. Además, el pedido incluía la documentación sobre los protocolos de seguridad vigentes y los resultados de pruebas de polígrafo practicadas al personal que cumple funciones en el ámbito de la presidencia.
Al analizar el caso, el Juzgado concluyó que todos esos datos se encuentran amparados por normas vinculadas a la seguridad e inteligencia del Estado, y que su divulgación podría poner en riesgo la integridad del presidente de la República, de su familia y de su círculo de custodia. En ese sentido, el tribunal sostuvo que, si bien Mburuvicha Róga es sede del Poder Ejecutivo, también constituye un inmueble de uso habitacional donde reside el mandatario con su núcleo familiar, lo que le otorga una condición de espacio privado bajo protección especial.
La decisión judicial también remarcó que el registro de visitas domiciliaras del Presidente, así como los protocolos de resguardo y las evaluaciones de seguridad del personal, forman parte del ámbito de la intimidad personal y familiar, por lo que deben ser considerados reservados en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. A esto se suma que, según el fallo, la acción de amparo no cumplía con los requisitos de urgencia extrema ni gravedad que justifiquen su trámite excepcional.
El pedido de acceso a los registros de visitas tomó fuerza tras una investigación periodística conocida como "los sobres del poder", que reveló el presunto hallazgo de sobres con sumas importantes de dinero en Mburuvicha Róga, un episodio que nunca fue denunciado oficialmente. Aquellas publicaciones también pusieron bajo la lupa una serie de visitas en horarios poco habituales y que no figuraban en la agenda pública del presidente Santiago Peña.
Entre los nombres que trascendieron en ese contexto aparece Miguel Cardona, accionista principal de la empresa con el mayor contrato público dentro del programa Hambre Cero.
En la lista de visitantes señalados también figuraron el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, lo que amplificó el impacto político de las revelaciones y reforzó los reclamos de mayor transparencia sobre quiénes acceden al entorno más íntimo del poder.
Con esta resolución, la Justicia fija una barrera legal que impide conocer de manera oficial los movimientos dentro de la residencia presidencial, priorizando la seguridad y la privacidad por encima del acceso a la información. Sin embargo, el fallo no logra disipar las sospechas que persisten sobre el flujo de visitas y las relaciones de poder que rodean a Mburuvicha Róga, en un clima político cada vez más cargado de cuestionamientos.