PolíticaPor caso de mejoras en comisarías
La resolución fue dictada en virtud del artículo 356 del Código Procesal Penal y se sustenta en la falta de impulso procesal por parte del Ministerio Público, a pesar de los años transcurridos y de las maniobras dilatorias reconocidas por la propia defensa.
Filizzola fue acusado por lesión de confianza en el marco de dos resoluciones administrativas firmadas en los años 2010 y 2011, cuando se desempeñaba como Ministro del Interior. La Fiscalía le atribuyó responsabilidad por presuntas irregularidades en el llamado a licitación para la adecuación edilicia de comisarías y por el pago de obras supuestamente no concluidas, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado superior a los 408 millones de guaraníes.
Sin embargo, el abogado defensor Guillermo Duarte Cacavelos planteó con éxito un incidente de prescripción basado en los artículos 192, 102 y 104 del Código Penal, argumentando que el plazo máximo legal había sido superado largamente sin que existiera impulso suficiente por parte del órgano acusador. El juzgado coincidió, señalando además que desde el 4 de marzo de 2015 hasta el 31 de agosto de 2016 se mantuvo una acción de inconstitucionalidad sin urgimiento fiscal, seguida de una serie de recusaciones que solo entorpecieron el curso del proceso. Según el fallo, la última de estas recusaciones se dirigió contra la jueza Alicia Pedrozo Berni, y no existió justificación objetiva para suspender la prescripción.
"Cinco veces el Ministerio Público recusó: cuatro a ministros de la Corte Suprema y una a la jueza penal. Cinco años se tardó en resolver una aclaratoria sin que los fiscales hayan presentado siquiera un urgimiento anual", expresó el abogado Duarte Cacavelos en sus redes sociales al celebrarse el fallo, que también fue remitido a la Corte Suprema de Justicia para su conocimiento.
El juzgado resolvió además que la causa no afecta el buen nombre, honor ni reputación del procesado, imponiendo las costas al Estado. Esta decisión representa un nuevo revés para el Ministerio Público, que deberá explicar por qué no impulsó adecuadamente un caso que, a pesar de su impacto político, acabó extinguiéndose por inacción.
