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Con esta resolución, el magistrado ordenó que el expediente regrese a la fiscal Gladys Jiménez, quien deberá pronunciarse nuevamente en un plazo de diez días.
La decisión judicial cuestiona la postura del Ministerio Público, que había solicitado el cierre del caso alegando que el hecho denunciado no configuraba un delito. Ruiz Díaz consideró que la conclusión fue "prematura" y sin fundamentos suficientes, subrayando que no se agotaron todas las diligencias investigativas antes de resolver sobre el mérito de la causa.
En su argumentación, el juez remarcó que no existe certeza absoluta sobre la inexistencia del hecho denunciado y que, por tratarse de un caso sensible, corresponde mantener la investigación abierta. También señaló que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, tiene la obligación de agotar tanto las pruebas de cargo como de descargo antes de solicitar el archivo de la denuncia.
De esta manera, la investigación sigue en curso y la fiscalía deberá definir si se ratifica en su pedido inicial o si avanza con nuevas diligencias que permitan esclarecer la denuncia presentada en contra del exalto funcionario. La causa vuelve a quedar bajo la lupa pública debido a la gravedad de las acusaciones y a la expectativa de un pronunciamiento más sólido por parte del Ministerio Público.
