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En Paraguay, la Ley Nº 6112/2018 consagra un régimen jubilatorio excepcional para los miembros del Congreso Nacional. Con solo 10 años de aporte -lo que equivale a dos periodos legislativos- y desde los 55 años de edad, los parlamentarios pueden jubilarse cobrando hasta el 60 % de su salario mensual promedio de los últimos cinco años. Y si logran completar 15 años en funciones, el beneficio asciende al 80 %.
No solo se trata de una facilidad inaudita si se la compara con el régimen común del Instituto de Previsión Social (IPS) -donde los trabajadores deben aportar al menos 25 a 30 años para jubilarse con entre el 60 % y 83 % de su salario-, sino que además está siendo sostenida en parte por fondos del Tesoro Nacional, es decir, por todos los contribuyentes.
Sueldos de lujo, pensiones de lujo
La dieta de un senador o diputado en Paraguay ronda actualmente los G. 38.774.840 mensuales, tras el autoaumento aprobado en el Presupuesto General de la Nación 2025. Esto incluye la dieta básica más los gastos de representación, considerados parte del ingreso para el cálculo jubilatorio.
Con este esquema, un parlamentario que se jubile con 10 años de servicio puede cobrar más de G. 23 millones al mes. Si completa 15 años, el haber supera los G. 30 millones. En otras palabras, percibirían en su jubilación lo que un ciudadano promedio no logra ganar trabajando activamente ni en dos años.
Reacciones de repudio: "Es un insulto al pueblo"
La implementación y continuidad de este régimen ha generado reacciones de fuerte indignación desde diversos sectores sociales. Organizaciones civiles, gremios de jubilados, economistas y parte de la ciudadanía activa coinciden en que se trata de un privilegio injustificable.
Pedro Halley, exgerente del IPS y referente en temas de previsión social, calificó el sistema como "un fraude para el contribuyente". Aseguró que la caja parlamentaria es insostenible, que sus aportes no cubren los beneficios y que el déficit se cubre con impuestos pagados por los ciudadanos comunes.
Desde la Mesa Sindical de Jubilados se denunció que mientras los trabajadores deben sacrificar décadas para recibir pensiones cada vez más reducidas, los parlamentarios acceden a beneficios "de reyes" tras 10 años de confort legislativo.
Yolanda Paredes dispara: "¿Ahora también pensión para el helicóptero?"
Una de las voces más críticas en el Congreso ha sido la de la senadora Yolanda Paredes, del partido Cruzada Nacional, quien ironizó las declaraciones del presidente Santiago Peña sobre el tema. "Si vamos a hablar de méritos, ¿por qué no pide también pensión para su helicóptero?", dijo, en alusión al uso excesivo de aeronaves del mandatario.
Paredes calificó la jubilación VIP como una bofetada a la sociedad trabajadora y denunció que el gobierno protege privilegios del poder mientras la mayoría de los jubilados deben sobrevivir con menos de G. 2 millones al mes.
El presidente Peña defiende el sistema
Lejos de desmarcarse del régimen, el presidente Santiago Peña salió a respaldar abiertamente a los congresistas. En una reciente declaración, dijo que "en Paraguay no hay jubilación vitalicia para expresidentes, a diferencia de Argentina o Estados Unidos", y que se cuestiona con "ligereza" los beneficios de los legisladores.
Incluso llegó a calificar al Congreso como "la aplanadora del bien", en alusión a la cantidad de proyectos aprobados por el oficialismo en lo que va de su gobierno, y sostuvo que los legisladores "se merecen" el reconocimiento.
Sus dichos fueron rápidamente rechazados por sectores opositores y ciudadanos en redes sociales, que lo acusaron de encubrir privilegios en vez de proponer una reforma para corregir los desequilibrios.
Intentos de reforma: ¿voluntad real o maquillaje político?
Ante el creciente rechazo público, algunos legisladores presentaron propuestas para modificar el régimen. Entre ellos, el senador Dionisio Amarilla (PLRA, oficialista), quien sugirió aumentar los años de aporte, elevar la edad mínima y modificar el método de cálculo del haber jubilatorio.
También se han presentado iniciativas para eliminar por completo la jubilación VIP e incorporar a los parlamentarios al sistema general del IPS. Sin embargo, estas propuestas han sido sistemáticamente cajoneadas o rechazadas en comisiones, lo que refleja una clara falta de voluntad política dentro del propio Congreso.
Riesgo fiscal y colapso en puerta
Según especialistas en finanzas públicas, la caja jubilatoria parlamentaria no es sostenible en el tiempo. Como los aportes no cubren los haberes que se deben pagar, y dado el ritmo creciente de beneficiarios, el sistema depende cada vez más de recursos del Tesoro.
Si no se reforma, podría convertirse en una bomba fiscal. De hecho, se estima que para 2028 podría ser insostenible mantener las jubilaciones actuales sin aumentar impuestos o recortar otros gastos sociales.
La situación también abre un debate moral y ético: ¿cómo puede exigirse sacrificio a la ciudadanía mientras los representantes del pueblo mantienen privilegios que ningún otro trabajador disfruta?
Una presión que va en aumento
En los últimos meses, la indignación ciudadana ha empezado a trasladarse de las redes sociales a las calles. Se prevén movilizaciones de organizaciones de jubilados y de jóvenes universitarios que exigen el fin de los privilegios en el Estado.
También desde gremios docentes y de trabajadores de la salud se alzan voces que piden equidad y justicia previsional. "No puede haber jubilaciones de lujo para unos pocos y miserias para los que entregan su vida al país", señaló una vocera del Sindicato de Enfermería del Paraguay.
