La ley sancionada por el Congreso Nacional que destina los recursos de “Responsabilidad Social Empresarial Socioambiental” de las binacionales Itaipu y Yacyretá para salud por la emergencia del Covid-19, ha generado postura dispares desde diferentes estamentos. Unos dicen que disponer de esos fondos es inconstitucional por haber un tratado internacional de por medio, y otros sostienen que un tratado no puede estar por encima de una ley. Se espera al respecto la promulgación o veto de dicha normativa por parte del presidente Mario Abdo Benitez.
El director de la Itaipu, Manuel María Cáceres sostiene que esos recursos o cualquier otro fondo social de la entidad para su uso íntegro en el área de la Salud mientras dure la pandemia del Covid-19, pone en riesgo numerosos programas sociales financiados por la binacional.
Igualmente, aclara que no están ajenos a contribuir con el sistema de salud, pero que varios proyectos en curso y comprometidos a cargo de la binacional que se ejecutan en todo el país, pueden verse afectados por la ley sancionada sobre gastos sociales.
El reciente confirmado director de Itaipu lamentó que durante el tratamiento del proyecto no haya prosperado la versión modificada presentada por Diputados de la bancada colorada.
“Incluso se había sugerido una alternativa a la propuesta del Senado, en la que se exceptuaba de esta disposición a aquellos recursos ya comprometidos, lo que suponía una salida; sin embargo, esa iniciativa no prosperó y aunque algunos legisladores manifestaron que hay algunas cosas puntuales que están excepcionadas, la ley no dice eso”, advirtió.
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Dijo además que con el Presidente de la República, Mario Abdo en su momento se acordó que algunos fondos serían reasignados para el apoyo a la salud y que en eso se está trabajando.
Asimismo, indicó que la binacional "no puede entregar dinero directamente" y solo se podría destinar fondos por medio de un convenio. “No permiten las normas de Itaipu entregar dinero en efectivo, nunca se ha hecho. En eso tenemos que ser muy claros. Hablamos de obras en ejecución y estimamos que pueden surgir demandas judiciales por obras en ejecución por alrededor de cinco millones de dólares por lo menos, en caso de parar todas las obras”, acotó.
Planteó igualmente no perder de vista el aspecto de la binacionalidad de la Entidad. “Esta situación puede sacarnos legitimidad a la hora de defender nuestros argumentos”, advirtió.
En ese sentido, Cáceres señala que entre los proyectos o programas que podrían verse afectados en caso de que entre en vigencia esta ley, se encuentran el Programa de Becas Itaipu-Becal que tiene unos 8,5 millones de dólares asignados para este año, así como el apoyo a las comunidades con el programa Agricultura Familiar por unos 4,5 millones de dólares y el aporte al Fortalecimiento del Sistema Eléctrico de la ANDE, que contempla unos 28 millones de dólares que tiene su planificación para preparar el sistema para lo que se viene en 2023.
Agua potable y otros programas sociales
También mencionó la filial de Teletón en Minga Guazú a la que Itaipu destina unos 900 mil dólares para asistir a casi 400 menores de 0 a 18 años, los que van a tener que buscar otra fuente de financiamiento. Asimismo, se refirió a las obras de provisión de agua y saneamiento a comunidades carenciadas en el interior, por unos 2 millones de dólares y el equipamiento de instituciones educativas y laboratorios de ciencias por otros 700.000 dólares.
