IPS aumenta aporte a "comunes", mientras mantiene salariazos y privilegios
El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) analiza un incremento del 1,25% en el aporte obrero-patronal con el fin de asegurar el financiamiento del Beneficio Adicional Anual, es decir, el aguinaldo de los jubilados. La propuesta, defendida por técnicos de la institución, aún no se oficializó como medida definitiva, pero ya generó rechazo entre trabajadores y jubilados que se verían obligados a aportar más en un contexto de creciente desconfianza hacia la administración del ente.
La intención de aumentar los aportes se da mientras persisten denuncias sobre la existencia de salarios privilegiados y contrataciones ligadas a vínculos políticos y familiares dentro del IPS. En redes sociales y medios de comunicación circulan listados de abogados y funcionarios que perciben sumas millonarias mensuales. Entre los nombres resaltan casos como el de Weldon Walter Black Saldívar, esposo de la hija del vicepresidente Pedro Alliana, quien figura con una remuneración de G. 100 millones mensuales. También aparecen otros abogados con salarios que oscilan entre G. 90 y 128 millones mensuales, cifras que contrastan con la falta de medicamentos y la precariedad de servicios que sufren los asegurados.
El propio presidente del IPS, Jorge Magno Brítez, fue cuestionado por supuestamente haber asegurado cargos a su familia dentro del sector público, lo que, según denuncias, representa más de G. 1.400 millones al año para el Estado. Estas revelaciones alimentan la percepción de que el instituto mantiene una estructura de privilegios difícil de sostener en momentos en que alega problemas financieros para cumplir con sus obligaciones.
La contradicción es evidente: mientras se plantea que los trabajadores activos, los empleadores y los propios jubilados deben aportar más para garantizar la sostenibilidad del sistema, el IPS continúa destinando recursos a mantener sueldos elevados y contrataciones vinculadas a la política. En este escenario, crece el malestar ciudadano y el cuestionamiento sobre el verdadero destino de los fondos de los asegurados, que sienten que el costo del desequilibrio lo paga la base, mientras las élites del sistema gozan de blindaje y beneficios.