Intervención de Asunción ingresa a fase crítica
Luego de concluir el corte administrativo e intervenir todas las dependencias claves, Pereira confirmó que ya cuenta con el 100 % de la documentación oficial requerida para auditar a fondo la gestión municipal.
La semana pasada se completó el corte administrativo que permitió el acceso total a expedientes, extractos bancarios y registros contables. Con eso, el interventor ordenó activar esta misma semana el proceso de verificación y evaluación de las denuncias formuladas por la CGR, que afectan directamente al manejo de fondos públicos, emisión y uso de bonos, y registro contable de obras.
Pereira subrayó que la etapa más crítica arranca ahora, pues todo el equipo técnico ya comenzó a reconstruir paso a paso las operaciones financieras bajo sospecha.
Trazabilidad total de los bonos: ¿a dónde fue la plata?
Entre los puntos más graves figura el uso de bonos G8 y G9. El equipo auditor ya trabaja con extractos bancarios para reconstruir la trazabilidad del dinero. Pereira adelantó que los pagos y movimientos de los bonos G8 ya están bajo análisis, y que el caso G9 —más complejo— está en proceso de reconstrucción, a la espera de documentos clave sobre tasas de interés y beneficiarios finales.
"El objetivo es claro: identificar cada guaraní y verificar si los recursos fueron desviados o mal utilizados", afirmó.
Obras públicas en la mira: inspecciones presenciales y revisión contable
Pereira confirmó que se conformó un equipo de ingenieros, arquitectos y contadores que inspeccionará personalmente las obras bajo sospecha, como los desagües del Abasto, Itay y Lambaré. La auditoría no solo será documental, sino también física y técnica, para confirmar si las obras existen, están bien ejecutadas y si el dinero que se destinó realmente fue utilizado.
"El problema no es solo el dinero. El problema es que hay obras inconclusas, mal hechas o simplemente inexistentes", alertó Pereira.
Cuentas desordenadas, fondos sin rastreo: radiografía del caos financiero
La investigación también aborda el desorden en las conciliaciones bancarias, ejecución presupuestaria y cuentas especiales. Las observaciones 3 y 4 de la CGR revelaron montos no registrados o sin respaldo, una caja municipal virtualmente fuera de control.
Pereira señaló que ahora cuentan con todos los extractos de 2022 y 2023, y que cada saldo será auditado técnicamente. No se descarta la aparición de nuevos casos de uso irregular de recursos.
Recaudación duplicada, pero sin plata para el asfalto
Desde la llegada del interventor, la recaudación se duplicó, lo que permitió pagar sueldos atrasados y comenzar a saldar la millonaria deuda con la Caja de Jubilaciones Municipales. Aun así, la Municipalidad tiene asfalto solo para tres días, lo cual refleja el deterioro operativo que heredó la intervención.
"Duplicamos ingresos en ocho días, pero encontramos un municipio quebrado, donde no hay fondos ni para tapar baches", denunció.
Estación de Buses en ruinas y plan de privatización
Uno de los puntos más dramáticos señalados en la conferencia fue el estado de abandono absoluto de la Estación de Buses. Pereira la calificó como una estructura fallida y planteó directamente su tercerización o privatización como única salida posible.
Adelantó conversaciones con el Viceministerio de Transporte y operadores privados para su transformación en un punto moderno, con incorporación de buses eléctricos y servicios eficientes.
Purga administrativa: despidos, reasignaciones y controles
Durante estos primeros días de intervención, Pereira también ordenó una serie de reubicaciones y cambios internos en áreas clave como Recursos Humanos, Catastro y el Mercado 4. Denunció la existencia de mecanismos informales de cobro, que ahora fueron desactivados, y anunció que cualquier obstáculo burocrático será eliminado sin contemplaciones.
"La estructura municipal está viciada. No vinimos a convivir con la corrupción, vinimos a desmontarla", remarcó.
Próxima semana: comienzan los dictámenes técnicos y las acusaciones
Pereira anticipó que en los próximos días comenzarán a emitirse los primeros dictámenes técnicos, con base en los hallazgos documentales y de campo. No descartó remitir casos directamente al Ministerio Público si se detectan elementos penales.
"Este no es un show político. Esto es una auditoría con dientes, y si hay responsables, los vamos a exponer con pruebas", sentenció.
Se acabó el tiempo de la opacidad
La intervención ingresa en su fase más decisiva. Con documentos en mano, equipos desplegados en campo y foco total en las irregularidades detectadas por la CGR, Carlos Pereira apuesta por una intervención demoledora, sin espacio para la impunidad ni para pactos de silencio.
Lo que viene no será simplemente una auditoría. Será una radiografía cruda de una administración que, según la Contraloría y ahora también el interventor, desvió recursos, malgastó millones y permitió el deterioro de la ciudad más importante del país.