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La intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una acción de inconstitucionalidad con el objetivo de habilitar su eventual candidatura a la reelección municipal.
La jefa comunal, quien afronta una acusación por un presunto desvío de más de G. 1.100 millones de fondos públicos, solicitó además una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 257 del Código Electoral Paraguayo.
Según el planteamiento, la normativa equipara un mandato municipal ejercido para completar un período vacante con un período constitucional completo.
Corvalán sostiene que su elección extraordinaria, realizada el 25 de marzo de 2018 tras la renuncia del intendente titular durante el periodo 2015-2020, tuvo como único fin completar ese mandato, por lo que no debería computarse como un período pleno.
La medida cautelar solicitada apunta a que sea habilitada de forma provisoria para inscribirse como precandidata y candidata tanto en las internas partidarias de la ANR como ante la Justicia Electoral.
En su presentación, la intendenta argumenta que la interpretación del artículo 257 resulta "extensiva e irrazonable", al impedirle postularse pese, según su postura, a no haber ejercido dos períodos constitucionales.
Paralelamente, Corvalán enfrenta un pedido de elevación a juicio oral y público en una causa relacionada con un presunto desvío de fondos municipales.
De acuerdo con la investigación fiscal, los recursos habrían sido destinados a la construcción de una vivienda familiar en Asunción.
En el proceso también figuran acusados su esposo, el diputado Esteban Samaniego (ANR), quien era intendente en el periodo investigado, y la madre de este.
La Corte Suprema deberá analizar la acción presentada y resolver tanto la cuestión de fondo como la solicitud de suspensión provisoria de la norma electoral.
