Insisten en que licitación de máquinas de votos debe ser cancelada
Según el legislador, los equipos propuestos operarían con tecnología desfasada, con componentes que ya no cuentan con soporte ni repuestos, mientras que el software electoral no tendría certificaciones independientes que garanticen su inviolabilidad, lo que, advirtió, abre la posibilidad de manipular los boletines de voto desde dispositivos externos.
Villalba también cuestionó la idoneidad de quienes conducen el área tecnológica del TSJE, criticando en particular al director de TI, Fausto Von Streber, por no contar con formación universitaria concluida. Para el senador, este hecho refleja un problema estructural dentro del organismo electoral, que, a su juicio, delega funciones sensibles en personas que no cumplen con los requisitos necesarios. Del mismo modo, responsabilizó a los ministros Jaime Bestard, Jorge Bogarín y César Rossell por impulsar un proceso que, aseguró, se sostiene más en conveniencias políticas que en criterios técnicos.
El legislador sostuvo además que dentro del TSJE existe un esquema de control partidario que excluye al PLRA de áreas estratégicas, lo que, afirmó, distorsiona la imparcialidad institucional. En ese mismo sentido, apuntó a la empresa Comitia MSA, tradicional proveedora de máquinas de votación, a la que vinculó con intereses político empresariales internacionales que, según su versión, comprometerían la transparencia del proceso.
Villalba también advirtió sobre el impacto económico de la operación. Recordó que en elecciones anteriores el alquiler de máquinas costó alrededor de 20 millones de dólares, mientras que la compra prevista ahora superaría los 37 millones. Para él, esta diferencia evidencia un posible negociado y revela falta de justificación financiera, especialmente en un contexto en el que, afirmó, no existen garantías de que los equipos cumplan con los estándares mínimos de seguridad.
En la parte final de su intervención, el senador apuntó contra el asesor electoral Carlos María Ljubetic y contra ciertos medios y actores en redes sociales, a quienes acusó de liderar una campaña destinada a legitimar la licitación y desacreditar las denuncias de la oposición. Según Villalba, esta coordinación comunicacional demuestra que existen presiones para mantener la compra pese a las advertencias técnicas, políticas y económicas formuladas en el Congreso.