PolíticaAbogada Peralta Merlo
El documento, suscrito por la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (CONARE) y los departamentos de Seguridad y de Estado de EE.UU., establece que extranjeros que se encuentran en territorio norteamericano y no pueden o no quieren regresar a sus países de origen podrán ser reubicados en Paraguay en calidad de refugiados.
Peralta Merlo calificó de "llamativo" que este acuerdo sea celebrado en un momento en que el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos difundió un informe en el que "aplaza" a Paraguay en materia de derechos humanos. "Es una mala lectura. Resulta una ironía que el mismo gobierno que se muestra reprobado en respeto a los derechos humanos asuma compromisos que implican justamente garantizar derechos fundamentales como salud, educación y seguridad a personas refugiadas", expresó.
La abogada recordó que el refugio es una de las instituciones más nobles del derecho internacional público, pero cuestionó la falta de transparencia sobre lo que realmente se negoció a cambio de este acuerdo. "El Gobierno se muestra en contra del financiamiento de agencias de cooperación internacional y, al mismo tiempo, acepta una carga económica que implica cumplir con la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Eso es lo que debe explicarse a la ciudadanía", advirtió.
Peralta Merlo insistió en que la firma de este compromiso internacional resulta contradictoria con la realidad del país, que atraviesa recortes en cooperación internacional y falencias internas para garantizar derechos básicos a su propia población. "Es justo ahí donde radica lo llamativo. Paraguay se compromete en el papel con obligaciones que todavía no logra cumplir con sus propios ciudadanos", puntualizó.
