Imputan a manifestantes que atacaron consulado paraguayo en Resistencia
La justicia federal argentina resolvió imputar a dos de los manifestantes que protagonizaron los ataques contra el Consulado de nuestro país en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, el 10 de septiembre pasado durante una protesta por las dos niñas abatidas en el supuesto enfrentamiento de la FTC con el EPP en Yby Yaú, Concepción.
Se trata de Viviana Edith Toro y Maximiliano Iván Torres, del movimiento social Coordinadora Unidad Barrial (CUBA), quienes fueron procesados por el fiscal federal Patricio Sabadini por los delitos de daños patrimoniales a bienes de bien público.
Según fundamentó el fiscal Sabadini en su escrito al Juzgado Federal de Resistencia, “este Ministerio Público considera “prima facie” que la supuesta conducta ilícita en que incurrieran las personas imputadas, guarda adecuación típica en la figura penal del artículo 183 agravado por el artículo 184 inc. 1 y 5, todos del Código Penal”, que refieren a los delitos de daño patrimonial de bienes de terceros, con el agravante en este caso que el objetivo de los hechos buscaban restarle autoridad a la sede consular, y eran ejecutados en “venganza” de decisiones tomadas por el gobierno paraguayo.
“En el caso de marras nos encontramos en la afectación, no de la utilidad o disponibilidad del inmueble en tanto no se alteró la aptitud para los fines a los cuales se encuentra destinado el Consulado, pero sí de su materialidad, en razón de haberse alterado la naturaleza y calidad edilicia. De esta manera, el resultado se traduce en la agregación de algo, específicamente, el haber arrojado pintura sobre la fachada del inmueble en cuestión”, señala Sabadini.
Antecentes
Cabe recordar que en la protesta donde la sede consular paraguaya fue dañada, los manifestantes pintaron diversos grafitis con la leyenda “asesinos” y arrojaron baldes de pintura contra las paredes.
Los imputados se exponen a penas de varios años de prisión, puesto que el Ministerio Público encuadró también los hechos en la Convención de Viena de 1963, que obliga a los países contratantes a proteger las sedes diplomáticas en su territorio.