PolíticaExministro de Obras Públicas
El Ministerio Público imputó al exministro de Obras Públicas y actual precandidato de la disidencia de la ANR, Arnoldo Wiens, por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas, en el marco de la causa relacionada con el proyecto Metrobús. La imputación señala un presunto perjuicio patrimonial al Estado que ronda entre 6.000 y 8.000 millones de guaraníes.
La imputación fue presentada por los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, quienes sostienen que Wiens, al asumir en agosto de 2018 como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y asegurar la continuidad de las obras adjudicadas. La causa se vincula al contrato S.G. N° 100/2016 firmado con la firma portuguesa Mota-Engil para la ejecución del Metrobús.
Según el acta de imputación, uno de los puntos señalados ocurrió el 23 de octubre de 2018, cuando el entonces ministro firmó un acta de entendimiento con la contratista para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3. Para la Fiscalía, esa decisión derivó en la paralización de la obra y en la incorporación de tareas no previstas en el objeto contractual original.
Otro hecho mencionado corresponde al 1 de abril de 2020, cuando, de acuerdo con la imputación, se dispuso la destrucción parcial de estaciones ya construidas sobre la avenida Mariscal Estigarribia. La demolición se extendió hasta mayo de ese año e implicó la eliminación de infraestructura previamente pagada con fondos públicos.
El documento fiscal indica que, antes de esas decisiones, el proyecto registraba un avance físico cercano al 40 por ciento. En ese contexto, se habían construido seis estaciones, numeradas del 19 al 24, por las que el Estado desembolsó más de 6.900 millones de guaraníes.
En la misma causa, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo del exministro del MOPC Ramón Jiménez Gaona, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Horacio Cartes. El pedido fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos.
Entre los fundamentos, la Fiscalía menciona que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó la no objeción al pliego y al proceso licitatorio del proyecto. También cita el laudo arbitral internacional del caso entre el Estado paraguayo y Mota-Engil, que —según el requerimiento— atribuye los principales inconvenientes a factores y decisiones posteriores, y no a una gestión dolosa durante la administración de Jiménez Gaona.
