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La Comisión de Familia y Personas Adultas Mayores de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora Johana Vega (ANR-Central), dio dictamen favorable a un proyecto de ley que busca crear un observatorio y registro general de personas con antecedentes de violencia doméstica que, al mismo tiempo, mantienen acuerdos vigentes sobre el régimen de relacionamiento y convivencia con sus hijos menores o adolescentes.
La iniciativa, aun en su primer trámite constitucional, es respaldada por parlamentarios de diversas bancadas y plantea la creación del OREGPE, que funcionaría en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia. Su objetivo es centralizar y sistematizar información sobre estos casos para contribuir a la prevención y reducción de la violencia intrafamiliar, así como a la protección de niños, niñas y adolescentes.
Entre sus funciones principales, el OREGPE deberá registrar todos los acuerdos de relacionamiento y convivencia vigentes en los que al menos uno de los firmantes tenga antecedentes por violencia familiar. También tendrá la responsabilidad de recabar, analizar y publicar datos confiables y periódicos sobre este fenómeno, además de facilitar el desarrollo de investigaciones y estudios en la materia.
El proyecto también contempla que el observatorio pueda emitir dictámenes vinculantes sobre la suspensión o revocación de dichos acuerdos en caso de comprobarse hechos de violencia, así como pronunciarse sobre la pérdida de la patria potestad cuando se verifique maltrato de los padres hacia sus hijos.
La propuesta surge como respuesta a la alarmante cantidad de hechos de violencia intrafamiliar registrados en el país, muchos de los cuales han terminado en tragedias. Los impulsores del proyecto advierten sobre la gravedad de que personas con antecedentes sigan manteniendo vínculos legales de convivencia con sus hijos, lo que expone a los menores a situaciones de riesgo.
